La Secretaría Anticorrupción informó que logró la vinculación a proceso de excolaboradores del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Las medidas sancionatorias se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ambas firmas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide formalizar nuevas operaciones con el Gobierno de México.

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A través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se sancionó a Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación de un año.

La dependencia determinó que la proveedora entregó información falsa consistente en tres contratos de compraventa para acreditar experiencia en una licitación pública nacional, enfocada en el suministro, entrega y distribución de víveres en unidades hospitalarias ordinarias y del programa IMSS Bienestar.

Anticorrupción inhabilita otra empresa

Por otra parte, el OIC en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo por actuar con mala fe en una licitación internacional.

La autoridad resolvió que la firma adjuntó documentación e información para la adquisición de cascos de protección para motociclista sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que las resoluciones administrativas se emitieron conforme a la ley, considerando criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta cometida por cada una de las personas morales involucradas.

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Anticorrupción aclaró que las empresas sancionadas mantienen a salvo su derecho para impugnar los fallos, advirtiendo que la dependencia defenderá las sanciones aplicadas bajo el argumento de que fueron impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

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