El asesinato de dos sacerdotes en México puso nuevamente el dedo en la llaga de la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pese a evitar una guerra abierta contra las mafias no logra reducir la criminalidad.
«No vamos a cambiar la estrategia, que sigan con sus campañas de desprestigio», advirtió este jueves el mandatario izquierdista durante su habitual conferencia matutina.
La ejecución a sangre fría de los jesuitas Javier Campos (de 79 años) y Joaquín Mora (81), y del guía turístico Pedro Palma en la iglesia de una región del norte disputada por cárteles del narcotráfico, generó conmoción con reacciones desde el papa Francisco hasta Naciones Unidas.
También desató duras críticas de opositores al gobierno como el expresidente derechista Felipe Calderón (2006-2012), señalado por López Obrador como artífice de la polémica ofensiva militar contra las mafias, conocida como la «guerra contra el narco».
«Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo», tuiteó Calderón el miércoles, aludiendo al lema «abrazos, no balazos» con el que López Obrador resume su política de pacificar al país atendiendo la pobreza y la falta de oportunidades como causas de la violencia criminal.
Desde 2006, cuando Calderón militarizó la lucha antidrogas apoyado por Estados Unidos, México acumula unos 340 mil asesinatos. Entre las víctimas de la última década se cuentan unos 30 curas, según oenegés.
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– «Hay contención» –
En respuesta, López Obrador fustigó las políticas de Calderón y de anteriores administraciones que, asegura, incrementaron la letalidad y las violaciones de derechos humanos.
Los acusó además de coludirse con mafias e ignorar a sectores vulnerables como jóvenes y familias pobres, a los que su gobierno asiste con programas de empleo, becas y ayudas monetarias.
«Es un proceso que lleva tiempo, pero vamos bien y lo puedo probar hasta con números», aseveró AMLO, como es conocido el mandatario por las iniciales de su nombre.
Un exsecretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, enfrenta en Estados Unidos acusaciones de asociarse con el cártel de Sinaloa.
Pero las cifras no avalan plenamente a AMLO. México registró en mayo 2 mil 833 asesinatos, la cifra mensual más alta de 2022.
Pese a ello, el gobierno se jacta de mantener una «tendencia a la baja» con un descenso del 7,8% en el número de homicidios con respecto al máximo histórico de 3 mil 74 en julio de 2018.
«No ha habido la disminución que quisiéramos, pero hay una contención y hemos logrado, aunque sea poco, bajar», defendió López Obrador, cuyo gobierno atribuye 75% de los asesinatos a acciones entre criminales.
El país, de 126 millones de habitantes, cerró 2021 con una tasa de 26 homicidios por 100.000 habitantes.
«La política no ha funcionado», comentó a la AFP Javier Oliva, investigador en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ve «improvisación en áreas sensibles» a cuyo cargo están funcionarios sin conocimiento del tema, tanto a nivel federal como estatal.
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– Descomposición –
El asesinato de los sacerdotes en Cerocahui, en las montañas del estado de Chihuahua (fronterizo con Estados Unidos), puso de presente además la realidad de comunidades que deben adaptarse a convivir con los criminales ante la ausencia del Estado.
José Portillo («El Chueco»), el señalado asesino de 30 años, es ampliamente conocido en la zona, donde tenía su propio equipo de béisbol y mató a los religiosos cuando intentaban proteger al guía que había escapado del lugar donde permanecía secuestrado.
«La persona que les disparó era alguien que conocían, por eso se sintieron en confianza para hablar con él, pero esta persona estaba en estado de alteración por la droga, y eso explica el comportamiento que tuvo», declaró a la AFP el padre jesuita Jorge Atilano, encargado de las obras sociales de la Compañía de Jesús.
Campos y Mora desarrollaban su labor desde hacía varias décadas con los indígenas tarahumara de la sierra de Chihuahua, una región con atractivos turísticos y clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, el gobierno carece de una política en esa materia y, contrario a su discurso, mantiene el peso de la lucha antidrogas en los militares.
Como un «pésimo ejemplo», recuerda la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del detenido Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, en octubre de 2019 en medio de una asonada de sus lugartenientes en Culiacán.
Aduciendo que evitó una masacre de ciudadanos inocentes, AMLO admite haber dado la orden de liberarlo.
La muerte de Campos y Mora «es un signo de la descomposición social de México. Necesitamos revisar y cambiar la política de seguridad porque esto no se va a resolver tomando a un cabecilla preso. Eso no se resuelve así», apunta el padre Atilano.
SLF
