Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –concluida en enero de 2019– reveló irregularidades financieras en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles por dos mil 39 millones de pesos.
De acuerdo a la fiscalización 414, practicada como parte de los informes de la Cuenta Pública 2017, la dependencia mezcló y mal utilizó recursos públicos de diversos presupuestos; pagos a proveedores sin acreditar que hayan cumplido con la entrega de bienes y obras, así como indemnizaciones por expropiación de predios sin que se acreditará que los propietarios recibieran el dinero.
La mayor irregularidad fue un probable daño a la Hacienda pública por más de mil 173 millones de pesos, porque la Sedatu pagó indebidamente proyectos de ejercicio 2016 con presupuesto de 2017, “por lo que no se puede conocer el destino que se le dio a dichos recursos”.
En el documento, la ASF pide al Órgano Interno de Control de la Sedatu que investigue, y en su caso, denuncie a los funcionarios que no registraron ante la Secretaría de Hacienda los proyectos faltantes por pagar en 2016, y permitieron que el presupuesto 2017 se utilizara para cubrirlos, dejando en el limbo el destino de más de mil 173 millones de pesos.
A su vez, otra de las observaciones, por 596.6 millones de pesos, fue porque la Sedatu pagó deudas a proveedores con recursos del Programa de Infraestructura, “sin acreditar su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria, y sin cumplir con las disposiciones normativas establecidas en las reglas de operación del Programa de Infraestructura”.
Los restantes 270 millones, para hacer un total de dos mil 39 millones de pesos en irregularidades, corresponden a pagos indebidos e indemnizaciones de expropiación de predios que “no cuentan con la evidencia documental justificativa y comprobatoria que lo acredite, por lo que su ejercicio no cumple con los principios de eficiencia, economía, honradez y transparencia”.
La ex secretaria Robles fue encarcelada, con prisión preventiva de dos meses, por el caso de la Estafa Maestra, que representa una serie de presuntos desvíos por más de cinco mil millones de pesos, en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, durante su gestión.
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