Los aspirantes a los cargos de ministros, magistrados y jueces tendrán que autofinanciar sus campañas y llevarlas a cabo principalmente en redes sociales, bajo la lupa de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), para evitar que reciban recursos privados, públicos o de procedencia ilícita.
El INE auditará los gastos de los candidatos a juzgadores, y en caso de que descubra que recibieron recursos monetarios o en especie de cualquier ente privado o público, así como por su asistencia a eventos de partidos, organizaciones que busquen ser partidos o candidaturas independientes, serán sancionados desde una amonestación... hasta multas de 565 mil pesos, que tendrán que pagar con recursos propios, y se podrá valorar la pérdida de su registro.
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Los consejeros del INE serán los encargados de analizar la gravedad de la falta, por lo que las actividades de las candidaturas estarán limitadas a la asistencia a foros, mesas de diálogo y entrevistas que se les brinden de manera gratuita.
El Instituto desplegará un ejército de auditores y, en caso de que hallen propaganda en vía pública o de cualquier tipo, así como eventos con beneficio para las candidaturas, las erogaciones se sumarán a sus gastos de campaña.
Ojo a las campañas
De detectarse actos anticipados de campaña, desde ahora y hasta el 30 de marzo, las erogaciones se sumarán a los gastos de campaña. El Consejo General establecerá el tope de gastos de cada candidatura y la legislación no previó la pérdida de registro por rebase de gastos de campaña.
El próximo 12 de febrero, el Consejo General recibirá los listados de candidaturas de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, las procesará y les otorgará el registro, para que el 31 de marzo arranquen las campañas y la jornada electoral se llevará el próximo 1 de junio, en la que se elegirán 881 cargos.
Se tratará de una elección con campañas inéditas, debido a que no habrá financiamiento público para candidatos, como suele suceder en los comicios para diputados, senadores y Presidencia de la República; sin embargo, los aspirantes a juzgadores deberán sujetarse a las reglas de fiscalización que les impiden recibir dinero o apoyos en especie de privados públicos.
De acuerdo con las reglas de fiscalización establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), los abanderados no podrán utilizar recursos públicos ni privados para su proselitismo, y en caso de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detecte actividades sospechosas podrá hurgar en sus cuentas bancarias para seguir la pista de los recursos que utilicen, sin estar limitados por el secreto bancario, fiduciario o fiscal.
Prohibido
Los candidatos judiciales no pueden contratar encuestas, spots de radio y televisión, anuncios publicitarios en medios impresos o digitales, y sus mensajes en redes deben ser orgánicos, es decir, ni ellos ni terceras personas morales o físicas pueden pagar por amplificar los alcances de sus propuestas por publicidad en X, Facebook, Instagram y otras.
