A un año de distancia de la implementación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) señala que siguen parchando sus errores, sin solucionar el problema de fondo.
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Esto ante y ante los anuncios recientes de la Consejería Jurídica de la Presidencia enviados a la Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sobre la presentación de nuevas reformas secundarias en materia judicial, que incluyen el rediseño de comités y la modificación de plazos electorales,
En dichas iniciativas, derivadas de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Se pretenden armonizar diversas leyes secundarias para instrumentar cambios como la creación de una Comisión Coordinadora que unifique metodologías y criterios de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.
Examen
También incluir un examen de conocimientos; reducir el número de candidaturas por Poder para facilitar la elección y simplificar la boleta electoral para que la ciudadanía pueda votar por un juez y un magistrado por especialidad.
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Mientras se pretende avanzar en las reformas a las leyes secundarias, buscando que la elección de 2028 sea concurrente con la revocación de mandato, endureciendo las sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial y ajustando la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes electorales, la realidad ya nos muestra las consecuencias de este proyecto.
Al cumplirse un año de la entrada en funciones del nuevo modelo, damos cuenta de la salida forzada de la primera mitad de las personas juzgadoras, quienes fueron expulsadas por una reforma que fracturó la impartición de justicia en México.
No eran cargos vacantes, eran personas con carreras construidas durante décadas de esfuerzo, exámenes de oposición, especialización técnica y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho.
La trayectoria colectiva de quienes conformamos JUFED representa décadas de servicio dedicado a impartir justicia de forma imparcial e independiente.
Por ello, con los ajustes realizados por la Reforma no se trató de ocupar espacios vacíos, sino de la interrupción abrupta de carreras profesionales íntegras.
Jufed
Con estas salidas del Poder Judicial de la Federación se perdió una valiosa experiencia acumulada compuesta por concursos de oposición, especialización técnica, miles de sentencias dictadas con rigor jurídico y años de compromiso público.
Afortunadamente, aún hay personas juzgadoras formadas en la carrera judicial que siguen en activo, lo que sin duda ayuda a equilibrar decisiones y preservar los derechos y libertades de la ciudadanía.
Sin embargo, JUFED advierte con profunda preocupación que las juezas, jueces, magistradas y magistrados que continúan en activo sufren también las graves consecuencias de este modelo fallido, al enfrentar una severa reducción de sus prestaciones y verse obligados a sostener e impulsar la carga laboral ante compañeros electos popularmente que carecen de los conocimientos y habilidades técnicas propias de la función jurisdiccional.
Son precisamente estos juzgadores de carrera quienes constituyen la memoria institucional del Poder Judicial y quienes padecen directamente la curva de aprendizaje de los perfiles recién ingresados.
Consideró que intentar maquillar un modelo que demostró su inviabilidad operativa mediante parches legislativos no resuelve el fondo del problema.
Destitución masiva
La improvisación institucional provocada por la destitución masiva de personas juzgadoras y la captura política de los órganos de impartición de justicia no se subsana con ajustes cosméticos en las leyes secundarias, sino reconociendo el fracaso estructural de un sistema que fracturó el Estado de derecho en México.
Dicho diagnóstico sobre el fracaso de la reforma no es contundente.
Amplios sectores especializados, barras y colegios de abogados, académicos y diversas organizaciones sociales han venido denunciando los paupérrimos resultados de este modelo.
Del otro lado, nadie ha aplaudido la reforma porque los resultados son ínfimos en relación con lo prometido, evidenciando que los daños al sistema de justicia son profundos y evidentes para toda la sociedad.
Aunado a lo anterior, la discusión del Paquete Económico correspondiente coloca sobre la mesa un riesgo mayúsculo para la operatividad del sistema de justicia.
Para JUFED, resulta indispensable dejar claro que se necesita presupuesto para ejercer la función jurisdiccional de forma digna y no entender la austeridad como asfixia para la labor de las personas juzgadoras y los equipos de trabajo que aún están en activo y realizan un trabajo profesional y con independencia.