Para el Gobierno actual, la búsqueda de desaparecidos es una prioridad de Estado que parte desde el reconocimiento de su carácter de víctimas.
Lo anterior, en palabras de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, en la primera mesa de diálogo con colectivos de búsqueda de desaparecidos.
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En su encuentro con el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco -el que encontró el Rancho Izaguirre-, Rodríguez Velázquez dijo que: "la instrucción de la Presidenta a todas las dependencias del gobierno de México nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del estado el problema de la búsqueda de personas de las personas desaparecidas".
Mientras, en lo que respecta al reconocimiento del carácter de víctimas a las personas desaparecidas, la encargada de la política interna de México destacó que "el Gobierno les reconoce como víctimas y su derecho a participar activamente durante las acciones que se implementen y localización de sus seres queridos. Así como garantizar su derecho a la información tanto de las actividades como del resultado de las mismas".
Por su parte, Indira Navarro, dirigente del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que los activistas no son enemigos del Gobierno.
"Creo que es el comienzo para caminar juntos, nosotros no somos enemigos, queremos caminar de la mano con ustedes, trabajar en coadyuvancia, ser escuchados, y no solo que nos escuchen, sino que haya esta diálogo y posteriormente pues llegar a algún acuerdo", destacó la activista.
El ejercicio se realizará hoy, mañana, jueves y los días 21 y 22 de abril.
Caso teuchitlán
El 5 de marzo, el colectivo dirigido por Navarro localizó el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
En dicho sitio, Guerreros Buscadores de Jalisco prendas de vestir así como puntos en los que habrían cremado cuerpos.
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El caso se manejó por la Oposición, y algunos comentaristas, con base en los dichos de los colectivos, cómo "campo de exterminio".
Tras esto, y la polémica generada por el manejo de la situación por parte de la Fiscalía de Jalisco, la FGR atrajo el caso, mientras que las autoridades de Seguridad informaron que el punto se utilizó como un campo de entrenamiento de la delincuencia organizada.