En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Prodh presentó: “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado” donde se documentó 29 casos de mujeres que fueron acusadas de haber cometido diversas modalidades de delincuencia organizada y que fueron objeto de tortura y tortura sexual.
El reporte señala que la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad tanto castrenses como civiles de los tres niveles (federal, estatal y municipal), especialmente la violación sexual.
Detalla que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alientan o permiten su comisión.
Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh y coordinadora del informe, comentó de la existencia de un patrón claro en estos actos: la detención ilegal de las mujeres, ya que en 27 de 29 casos en presunta flagrancia no se les informe de los motivos.
Además fueron trasladadas a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde fueron torturadas sexualmente -por medio de violación, abuso sexual y tocamientos-, aparejada a su retención injustificada en la mitad de los casos de entre 12 horas y tres días-; su presentación ante el Ministerio Público, que en la totalidad de los casos omite su deber de certificar e investigar las lesiones -que posteriormente son registradas en el primer lugar de reclusión-; y un proceso en el que son base las ilícitas “confesiones” y otras pruebas obtenidas bajo tortura sin que las y los jueces investiguen estas circunstancias.
En tanto Layda Negrete, investigadora y parte de World Justice Project, dijo que la tortura es un reflejo del mal sistema de investigación de delitos complejos en México.
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