Las desapariciones de personas en México representa una “grave crisis de derechos humanos”, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al señalar que el país registra más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado que permanecen sin identificar.
La presentación del informe de la CIDH se realiza este lunes en México, con la presencia de funcionarios del Gobierno federal.
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Esto ocurre semanas después de que el Gobierno rechazó el más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, por considerar que no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por México sobre los avances institucionales en la materia.
Desapariciones no se concentran en una sola entidad en México
En su Informe sobre desapariciones en México, aprobado el 9 de febrero de 2026, la CIDH sostuvo que este fenómeno se ha transformado durante las últimas dos décadas y pasó de las desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, durante la llamada “guerra sucia”, a un esquema de mayor complejidad, marcado por la violencia del crimen organizado y su connivencia con agentes estatales en distintos territorios del país.
La CIDH señaló que las desapariciones no se concentran en una sola entidad, aunque identificó altas concentraciones en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. También ubicó como zona de incidencia el llamado Corredor del Pacífico, integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde el fenómeno estaría estrechamente vinculado con la actuación del crimen organizado.
El informe advierte que, aunque en los últimos años el crimen organizado tomó protagonismo en estos casos, las desapariciones cometidas por agentes estatales no se han erradicado. Incluso, en determinados periodos y entidades federativas, la distribución de autorías entre agentes estatales y no estatales es porcentualmente casi la misma.
La Comisión también subrayó que muchas desapariciones cometidas por grupos criminales ocurren con coordinación o connivencia de agentes del Estado.
En ese contexto, afirmó que el alto número de desapariciones en zonas y periodos donde operan grupos criminales hace imposible sostener que las autoridades no conocieran esas operaciones. Lo que apunta a una posible aquiescencia que debe ser esclarecida.
El organismo reconoció que México ha creado instituciones, normas y protocolos para atender la crisis, entre ellos la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos relevantes en prevención, acceso a la justicia, búsqueda, identificación humana, atención a víctimas y políticas de memoria.
En materia de justicia, la CIDH señaló que la impunidad en México se refleja en la casi nula judicialización de casos y en la baja emisión de sentencias frente a la magnitud del fenómeno. El informe indica que, aunque se reconocen esfuerzos recientes, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, éstos aún son limitados.
La Comisión identificó obstáculos como miedo para presentar denuncias, falta de impulso de oficio, traslado de la carga de prueba a las familias, extravío de evidencias, falta de protección a testigos, planes de investigación deficientes y mal encuadre penal de hechos que constituyen desaparición. También alertó sobre actos de corrupción que impedirían ejecutar órdenes de aprehensión, provocarían liberaciones erróneas o cancelarían operativos de rescate sin justificación clara.
Reconocen a familias buscadoras
Respecto a las familias buscadoras, la CIDH sostuvo que la desaparición de una persona transforma la vida de sus familiares y los obliga a enfrentar instituciones administrativas y judiciales mediante procesos burocratizados, revictimizantes y traumáticos. Además, señaló que los colectivos de búsqueda son esenciales y que el Estado debe garantizar su derecho a buscar de manera segura, sin trámites excesivos y con acceso a herramientas disponibles.
El informe también advierte que los casos de violencia contra personas buscadoras, en su mayoría mujeres, son graves, especialmente cuando forman parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Para la CIDH, las personas buscadoras son defensoras de derechos humanos y deben acceder sin obstáculos a la protección del Estado.
Entre sus recomendaciones, la Comisión pidió fortalecer la estrategia de prevención de la desaparición, sistematizar procesos sobre involucramiento de funcionarios públicos, definir en la legislación interna el alcance de la aquiescencia estatal y garantizar la aplicación inmediata del Protocolo Alba para niñas y mujeres desaparecidas.
También recomendó mejorar el acceso a la justicia, proteger a familias buscadoras, fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses y estandarizar los centros de identificación humana.