Ante el reciente hallazgo de restos humanos por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace seis meses denominado Rancho Izaguirre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas.
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CIDH pide acelerar investigaciones para aclarar el caso
La Comisión Interamericana indicó que viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024.
En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.
Sin embargo, seis meses después, el colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho se utilizó para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente.
Material recabado, clave para dar con las respuestas
Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.
La Comisión Interamericana aseveró que es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.
Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres.
Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados "reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana. Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades".
Obligación del Estado la investigación de los hechos
Por lo que el "Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación".
"La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos".
Por su parte, "a sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones".
La Comisión manifestó que "es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el "Rancho Izaguirre". Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias".
La CIDH reconoció el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo pasado sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana.
Situación monitoreada desde hace más de dos décadas
Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética.
Para el organismo internacional, "la situación de la desaparición masiva de personas en México se ha monitoreado desde hace más de 25 años. En este contexto, la CIDH saluda el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México".
"De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada".
Reportero de la sección México en el diario 24 HORAS. Con 19 años de experiencia en medios de comunicación, con énfasis en periodismo de investigación, transparencia, cobertura de temas electorales y judiciales.