Con Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 851 mil 500 mujeres migrantes, 480% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, según datos del Informe Alternativo al Estado Mexicano sobre la Situación de las Mujeres en Movilidad Humana, CEDAW, difundido por el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI), en el que detalla que el aumento se debe a que la detención de las personas en situación de movilidad es una práctica recurrente para la "contención migratoria".
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"Un ejemplo alarmante de esta práctica es el incremento significativo de detenciones migratorias de mujeres durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, con 851 mil 500 eventos, frente a los 177 mil 270 registrados en el sexenio anterior", se lee en el documento elaborado por el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C..
Recomiendan suprimir la privación de libertad por motivos migratorios
La organización detalla que dicha política contraviene al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por lo que recomendó a México suprimir la privación de libertad por motivos migratorios y adoptar medidas alternativas a la detención, por los efectos diferenciados sobre mujeres y niñas pero en el país, la práctica "continúa siendo la norma en lugar de la excepción".
Esto, pese al precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el artículo 111 de la Ley de Migración y fijó un límite máximo de 36 horas para este tipo de detención.
Incluso -abundó el IMUMI- dicha política federal ignora la resolución contenida en el Amparo en Revisión 459/2024, que ordenó la creación de un registro de personas migrantes detenidas, dicha medida no ha sido implementada.
La falta de cumplimiento ante dichas regulaciones, considera la organización, "refuerza la preocupación sobre la violación de derechos humanos durante estos procedimientos y la falta de rendición de cuentas en el sistema migratorio".
Según el IMUMI, muchas mujeres permanecen en detención migratoria y su localización se imposibilita ya que el registro no es público.
Aunado a lo anterior, la organización acusó que el Instituto Nacional de Migración recurre a una "política de desgaste", documentada desde 2021, y que consiste en que, las personas migrantes detenidas, por los agentes migratorios, se les devuelve a la frontera sur vía terrestre.
"Este hecho las obliga a retomar la ruta hacia el norte desde el sur, exponiéndolas a extorsiones y secuestros por parte de autoridades y grupos del crimen organizado en todo el territorio".
INM reubica a más de 3 mil personas; 25% fueron mujeres migrantes
Según el IMUMI -con base en datos oficiales- el INM realizó aproximadamente 3 mil 153 reubicaciones terrestres que afectaron a un total de 47 mil 260 personas migrantes movilizadas en contra de su voluntad, a quienes se les trasladó desde los estados del norte hacia Veracruz, Tabasco y Chiapas.
De ese total, 25 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento, niñas, niños y adolescentes que "tras ser contenidas y regresadas al sur del país, el personal del INM las abandona sin proporcionarles información ni documentación migratoria".
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Por lo anterior, las organizaciones que elaboraron el documento llamaron al Comité CEDAW, que entre este martes y miércoles evalúa al Estado Mexicano y cómo su política migratoria atraviesa a las mujeres en situación de movilidad, a incorporar varias recomendaciones en su dictamen.
"Recomendaciones en torno a la eliminación de la detención migratoria y reformar la Ley de Migración conforme a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (detención de 36 horas, revisiones migratorias y registro de personas migrantes detenidas); el fortalecimiento de la recolección de datos con enfoque de género y diversidad; la creación de una mesa interinstitucional para el diseño de políticas de migración y asilo con perspectiva de género; la implementación de los protocolos para juzgar con perspectiva de género, de orientación sexual, identidad y expresión de género, y de casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional", se lee en un comunicado emitido previo a la comparecencia ante el Comité de la ONU.