En México podría salir más barato atropellar a una persona y dejarla incapacitada de por vida que las multas por vapeadores, todo depende de la decisión que tome este jueves la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de la ministra Lenia Batres.
De acuerdo con la Asociación de Protección de Víctimas de Accidentes (Aproviac), se trata de una propuesta “absurda” y “desconectada de la realidad” de la ministra Lenia Batres, por lo que espera que la mayoría de sus pares apliquen una interpretación propersona de protección a víctimas y le corrijan la plana.
A propuesta de la ministra Batres, el Pleno discutirá una contradicción de criterios, en la que el proyecto señala que se debe establecer el pago de indemnizaciones por muerte o incapacidad en Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de salarios mínimos.
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Proyecto de Lenia Batres, impactaría a víctimas de accidentes
La Ley Federal del Trabajo (LFT) considera mil 95 salarios mínimos (305 mil 274 pesos en la mayoría del país) de compensación por incapacidad permanente, ya sea total o parcial, lo que en automático se cambiaría a UMAS, es decir, a 123 mil 883 pesos.
Actualmente, existe una propuesta de la 4T que busca castigar la compra y venta de vapeadores con dos mil UMAS, lo que serían 226 mil 280 pesos.
La resolución de la SCJN, en caso de aprobarse el proyecto de Batres, impactaría en reparaciones del daño por resultar incapacitado, derivado de responsabilidad civil, como accidentes, cuestiones laborales, negligencia médica, ya sea de particulares o del Estado, así como por fallecimientos.
Esperan decisión propersona
La decisión que tomarán los ministros este jueves se debe ver como “profundamente humano y no técnico”, como lo pretende la ministra Batres, señaló Christian Martínez, director legal de la Aproviac.
En entrevista con 24 HORAS, el activista manifestó que “lo que está en juego es si en México la vida e integridad de las personas se protegerá… o se abaratará, por lo que la Corte está obligada a aplicar el principio propersona, que es cuando hay dos interpretaciones posibles, debe adoptarse la que más favorezca los Derechos Humanos”.
La mayoría de ministros, dijo, debe rechazar y recomponer el “absurdo proyecto de la ministra Batres, pues apoyarlo sería “injustificable, inadmisible, abiertamente contraria al principio propersona, y escandalosamente regresiva y restrictiva en materia de Derechos Humanos”.
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En respuesta a la posición de la ministra Batres de que se trata de una decisión técnica, que es aplicar lo señalado en la Constitución para que las reparaciones de daño sean en UMAS y no en salarios mínimos, dijo que esa posición es una muestra de su desconexión con la realidad del país.
“Usar la UMA en estos casos distorsiona por completo la reparación, la vuelve simbólica y desconectada del daño real; el argumento de la ministra sería entendible en un alumno de primer semestre, no en una ministra de la Suprema Corte; este tema ya se había analizado y resuelto, pero aparentemente no le gusta o conviene como se resolvió y pretende cambiarlo”, aseveró el activista.