La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de México, impugnó la sentencia de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares que le impuso un juez de Estados Unidos en 2024, por colaborar con el Cártel de Sinaloa, durante el mandato del expresidente Felipe Calderón.
Los abogados argumentaron que hubo violaciones al debido proceso. Además, el tribunal abusó de su discreción al negar una audiencia para un nuevo juicio.
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Asimismo, aseguraron que dos de los testigos colaboradores de la fiscalía hicieron declaraciones incriminatorias falsas, que se podían desvirtuar con evidencia que se tomó en cuenta.
Uno de los testimonios, es el de Francisco Cañedo Zavaleta, un exagente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que dirigía García Luna, el cual declaró haber atestiguado, en octubre de 2008, el supuesto secuestro del exfuncionario por parte del cartel de los Beltrán Leyva en la carretera a Cuernavaca, como represalia por su colaboración con el cartel de Joaquín El Chapo Guzmán, que le pagaba a cambio sobornos millonarios.
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Así como una serie de irregularidades durante el juicio, entre ellas presunto perjurio de testigos, ocultamiento de pruebas y restricciones al derecho de defensa.
De acuerdo con documentos presentados ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, los abogados solicitaron la anulación del juicio o, en su defecto, la reposición total del proceso, al considerar que el procedimiento estuvo “irremediablemente contaminado”.