El delito de abuso sexual, que va desde tocamiento hasta agresión sexual y que se busca tipificar y homologar en todo el país, se seguirá de oficio y tendrá una pena de hasta siete años de prisión, informó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
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Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de las Mujeres explicó que la propuesta que ya se encuentra en proceso en 23 entidades del país, modifica el artículo 260 del Código Penal Federal (CPF).
“Ese delito ahora se perseguirá de oficio. Estamos trabajando con todas las secretarías de movilidad de los estados para poder generar o fortalecer protocolos que permitan que cuando haya abuso sexual en el transporte público pueda haber una actuación de operadores, operadoras del transporte y tener todo una ruta de actuación mayor”, explicó.
La funcionaria federal detalló que actualmente el texto en la ley dice: “el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula”.
Reforma para combatir el abuso sexual
Con la reforma se propone incluir más acciones: “comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales y exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.
“Modificar el tipo penal federal de abuso sexual, fortalecer este delito porque queremos que las mujeres se sientan más seguras, que denuncien, facilitar la denuncia y como la presidenta nos lo ha instruido, promover la homologación de esta modificación de este delito en todo el país”, señaló.
Dijo que las sanciones propuestas van de los tres años hasta los siete años de prisión y una multa de entre 200 y 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las cuales se agravan si el delito es cometido por servidores públicos.
Sin embargo, dijo que desde la Secretaría de las Mujeres buscan ir más allá, y obligar a quienes cometen este delito a acudir a talleres educativos con perspectivas de género y no violencia hacia las mujeres, así como realizar servicio comunitario en sus diferentes formas.
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Citlalli Hernández reveló que para llegar a la redacción del artículo 260 que se propone, hubo reuniones con legisladoras de todo el país para intercambiar puntos de vista y para que desde sus congresos promuevan la aprobación de la modificación que es en beneficio y de protección de las mujeres.