Diputados federales y liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este lunes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se investiguen posibles vínculos con el crimen organizado.
El recurso legal fue interpuesto en la Ciudad de México por los legisladores Eva María Vásquez Hernández, César Damián Retes y Federico Döring Casar, quienes acudieron acompañados por el vocero nacional de esa fuerza política, Jorge Triana Tena.
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Los panistas solicitaron al Ministerio Público de la Federación indagar la probable comisión de delitos como delincuencia organizada, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la par de la intervención de la FGR, la bancada opositora demandó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise el historial financiero, fiscal, empresarial y contractual ligado a la titular del Ejecutivo de Baja California.
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De acuerdo con la diputada Eva María Vásquez, el objetivo es que las autoridades federales esclarezcan el grado de responsabilidad de la mandataria estatal ante los presuntos hechos delictivos en la entidad.
La querella, aseveró, busca "que la FGR determine qué información conocía la gobernadora, desde cuándo tuvo conocimiento de ella, qué decisiones tomó y qué hizo o dejó de hacer desde su responsabilidad al frente del Gobierno de Baja California".
Tras presentar el acuse formal de la denuncia contra Ávila Olmeda y contra quienes resulten responsables, la legisladora argumentó que el Estado fronterizo atraviesa por una severa crisis que motivó la acción legal.
"Baja California vive momentos sumamente complejos, desde hace más de un año, en mayo específicamente del año pasado, el 2025, se inicia una serie de actuaciones nefastas en Baja California", manifestó.
La querella contra la mandataria bajacaliforniana se presenta apenas unos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.