La organización civil Defensorxs presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 políticos por su probable implicación en la operación electoral del Cártel de Sinaloa en los comicios de 2021, entre ellos, destaca el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, su círculo cercano, así como el ex gobernador de la entidad y actual titular de la Embajada de México en España, Quirino Ordaz Coppel.
Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga, integrantes de la organización civil Defensorxs, presentaron la denuncia en la FGR, por los delitos contra la salud, por tolerar, facilitar y proteger la producción y el tráfico de narcóticos; delincuencia organizada en su modalidad de uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la recepción de sobornos mensuales de miles de dólares a cambio de impunidad gubernamental y policial; delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, por las privaciones ilegales de la libertad de operadores políticos durante el proceso electoral.
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Así como la desaparición de civiles en centros nocturnos vinculados a funcionarios estatales y delitos electorales, por el uso de violencia, robo de urnas e intimidación armada para coaccionar el voto y asegurar el triunfo de Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021.
Los denunciantes argumentaron que a través de investigaciones exhaustivas, documentos judiciales de Estados Unidos y resoluciones electorales locales, han documentado la existencia de un pacto criminal sistemático entre las más altas esferas del poder político en Sinaloa Y la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
Además de Rubén Rocha Moya, en la denuncia también incluyen al senador morenista Enrique Inzunza; Damaso Castro Saavedra, quién pidió licencia para separarse de su cargo como vicefiscal en Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio alias el “Tornado” y exsubdirector y comandante de la policía municipal de Culiacán, Ricardo "Pity" Velarde, 17 alcaldes morenistas, 23 diputados locales y 5 federales de Morena, por mencionar a algunos.
En contraste, los integrantes de la organización civil Defensorxs resaltaron que la denuncia expone cómo el gobierno actual de Sinaloa obtuvo el poder mediante una operación a la cual denominaron criminal.
La organización civil expuso que antes y durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, comandos armados privaron de la libertad a operadores políticos opositores, robaron boletas electorales y neutralizaron a la policía estatal.
A cambio de este despliegue de violencia para "ganar" la elección, los integrantes de la organización señalaron que Los Chapitos obtuvieron el control de las instituciones de seguridad.
“Con esta denuncia, también buscamos que se reconozca a Defensorxs como víctima del narcoestado en Sinaloa. La corrupción estructural, el fraude electoral armado y la impunidad sistémica nos afectan a todas y todos vulnerando nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, de corrupción y a elegir libremente a nuestros gobernantes. Con ello, se busca participar activamente en la carpeta de investigación para evitar que las autoridades actúen en la oscuridad y protejan a los funcionarios señalados”, resaltaron.
La organización hizo un llamado a la FGR que ejerza su facultad de atracción respecto de todas las carpetas que la Fiscalía Estatal del Estado de Sinaloa ha instruido relacionadas con los hechos denunciados.
“No podemos permitir que las investigaciones se queden en el ámbito local, donde las propias autoridades encargadas de procurar justicia están señaladas por recibir sobornos”, señalaron.