La Cámara de Diputados avaló en lo general la eliminación de las pensiones doradas.
Es decir, los haberes de retiro de ex directivos de confianza en paraestatales y organismos descentralizados para que no excedan la mitad de lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum; además establece la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones.
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Por unanimidad, la reforma al artículo 127 fue avalada en el pleno de San Lázaro por los grupos parlamentarios, con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Durante la fundamentación, la diputada morenista Haidyd Arreola López, aseguró que la reforma de las fracciones II y III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es para corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones. Porque existe un contraste de pensiones doradas con pensiones de pesos.
“Viviendo en nuestro México, un contraste de pensiones doradas con pensiones de pesos. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y como a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, argumentó.
Aseguró que el sistema de pensiones en México, representa profundas desigualdades, tanto en el acceso como en los montos percibidos. Desde una perspectiva constitucional esta situación contraviene los principios establecidos en los numerales 127 y 134 de la Carta Magna, relativos a la proporcionalidad del gasto público y a la racionalidad de los mismos y el uso eficiente, honrado y equitativo de los recursos del Estado.
“El dictamen que hoy se presenta, propone una solución clara y jurídicamente consistente y no contraviene el principio de irretroactividad, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ya que las reformas constitucionales a diferencia de las legislaciones ordinarias pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes, cuando así lo determine el poder reformador, sin que ello implique una violación al principio de seguridad jurídica”, expuso.
Señaló que establecer un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijados en el 50 % de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo federal, aseguró que no es una medida aislada, sino que se encuentra alineada en el principio ya previsto en el artículo 127 de la Constitución, la cual dispone que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración superior a la del Ejecutivo federal.
Aunque admitió que, desde una perspectiva financiera, la reforma responde a un problema de sostenibilidad, el gasto en pensiones representa una proporción creciente al presupuesto público, alcanzando niveles cercanos al 20 % del gasto total, lo que limita la capacidad del Estado para atender otras prioridades sociales como la salud, la educación, la infraestructura.
En contraste, la diputada emecista Claudia Ruiz Massieu, resaltó el respaldo de su bancada a la reforma, pero no coinciden en el fondo, ya que está mal construida, porque parece una medida desesperada para acceder a más recursos la cual ha respaldado Morena y sus aliados.
“Han presentado y defendido esta reforma como un acto de justicia social, pero la han construido tan mal que parece más una medida desesperada para acceder a más recursos, aunque sean en cantidades marginales, que una reforma verdaderamente pensada para atender un tema de justicia o incluso de finanzas públicas, porque no hace ni lo uno ni lo otro”, dijo.
En cambio, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, señaló que la reforma es un intento deliberado para vulnerar derechos adquiridos que rompe el orden constitucional y sienta un precedente peligroso para el futuro del país.
“Hay que decirlo con claridad, hay cerrazón de Morena, es absoluta, no escuchan, no dialogan, no corrigen e imponen. Y hoy lo vuelven a demostrar, pretenden aprobar una iniciativa que puede ser regresiva y que puede atentar contra derechos adquiridos. Sin un análisis profundo eso no es legislar, eso es atropellar, porque cuando no se dialoga con quienes se ven afectados, el diálogo no es nada más escucharlos cinco minutos, el diálogo es un intercambio de opiniones y de ideas. Eso, cuando se ignoran las voces, no es eficiencia legislativa, es autoritarismo”, afirmó.
Detalló que la iniciativa no es pareja porque no todos serán afectados por igual. Algunos van a conservar sus privilegios. Por ejemplo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar conservará sus privilegios.
Expuso que la reforma es selectiva, discrecional y clasista y con poco sustento jurídico, va a abrir la puerta a litigios masivos, genera incertidumbre en el sistema de pensiones. Esto, pues, puede ser una bomba ilegal, compañeras y compañeros diputados.
“Tengan el valor de corregir eso, en lugar de construir una narrativa para justificar lo injustificable, para justificar que tienen al país quebrado y una vez por todas, compañeros del oficialismo, deben de entender que gobernar no es imponer, gobernar es escuchar, gobernar es dialogar. Ustedes han decidido no hacerlo, solo escuchan la voz de Palacio Nacional y solo escuchan el aullido del rancho La Chingada”, cuestionó.