La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias podrían abrir la puerta a que una autoridad administrativa determine qué información considera falsa o descontextualizada, con el riesgo de condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de veracidad.
En un mensaje firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y por Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general de la CEM, los obispos se pronunciaron sobre la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, del 27 de julio al 21 de agosto, respecto del proyecto que regulará los derechos de quienes consumen contenidos de radio y televisión.
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La Iglesia reconoció aspectos que considera positivos de la propuesta, como la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos, el derecho a contenidos que reflejen el pluralismo del país y la protección de grupos vulnerables frente a la manipulación, publicidad engañosa y contenidos que degraden la dignidad humana.
Sin embargo, consideró que debe salvaguardarse especialmente la libertad de expresión y sostuvo que ninguna autoridad administrativa puede convertirse en calificadora de la verdad cuando se trate de ideas, opiniones, convicciones o creencias.
El Episcopado diferenció entre la obligación de los medios de verificar la información periodística y la posibilidad de que el Estado determine la veracidad de opiniones y convicciones.
“La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”, señaló.
En particular, advirtió sobre el riesgo de que una autoridad pueda calificar como “falsa” o “descontextualizada” determinada información y aplicar eventuales sanciones, especialmente cuando esos conceptos no tengan límites claramente definidos.
A juicio de la CEM, ese esquema podría sujetar el ejercicio periodístico a criterios oficiales de veracidad y afectar las garantías constitucionales y convencionales de libertad de expresión.
El organismo religioso también manifestó preocupación por la independencia editorial de los medios, debido a que el proyecto permitiría a la autoridad revisar y validar sus Códigos de Ética, además de revisar en última instancia decisiones de los defensores de las audiencias y ordenar modificaciones o rectificaciones de contenidos.
“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, apuntó.
Libertad Religiosa
Otro de los aspectos planteados por los obispos es la libertad religiosa. La CEM pidió que el pluralismo previsto en los lineamientos abarque también las distintas convicciones y creencias religiosas, así como a quienes no profesan ninguna religión, para evitar que queden sujetos a juicios administrativos de veracidad o etiquetados obligatorios.
El Episcopado convocó a fieles, comunicadores católicos, universidades, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y ciudadanos a participar en la consulta pública antes del próximo 21 de agosto.
Asimismo, llamó a los comunicadores a defender la libertad de expresión y de prensa y sostuvo que informar con honradez tiene una función fundamental para la vida pública del país.
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La CEM manifestó también su disposición a dialogar con autoridades y concesionarios, así como a colaborar mediante su red educativa y pastoral en programas de alfabetización mediática y formación de audiencias críticas.
Finalmente, sostuvo que la defensa de la información veraz no depende exclusivamente de la regulación, sino también de la responsabilidad de las propias audiencias para discernir, verificar la información antes de compartirla y evitar la propagación de contenidos que dañen a otras personas.