El Gobierno de Estados Unidos abrió una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por los delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.
Acusan a Rubén Rocha Moya y a 9 funcionarios
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, incluyeron a otras ocho personas en la acusación, como el senador de Morena, Enrique Inzunza y Enrique Díaz, secretario de Finanzas, extitular de Finanzas de Sinaloa.
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La acusación también incluye al vicefiscal de Sinaloa, Damaso castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras, excomisario de la Policía Estatal, exsecretario de Seguridad y general de división retirado; José Antonio Dionisio Hipólito; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, este último acusado de secuestrar a un informante de la DEA.
Sobre el gobernador de Sinaloa, se señala que “Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales.
A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”.
'Ayuda directa'
A su vez, “como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico”.
Por ejemplo, Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha “recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos”.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, se indicó.
EU señala nexos
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
El Cártel de Sinaloa, según la acusación, es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.
¿Quiénes son los acusados?
Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país. El Cártel también ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.
“Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos”, señala.
Algunos agentes de Policía en México, incluidos algunos de los acusados, “han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación”.
Señalados de colaborar con el Cártel
El Gobierno de Estados Unidos indica que “los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Según las acusaciones, los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el notorio exlíder del Cártel, conocidos colectivamente como los “Chapitos”.
Los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos.