Mientras políticos y organizaciones civiles exigen la liberación y el respeto a los derechos humanos de los detenidos por la marcha de la Generación Z del sábado pasado, el Departamento de Estado de la Unión Americana alertó sobre manifestaciones “impredecibles” este jueves 20 de noviembre.
Esto debido a que, prácticamente al mismo tiempo, se celebrará el desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana y una posible nueva protesta de la Generación Z.
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La dependencia estadounidense informó que este jueves “se planea una gran marcha de protesta desde el Monumento al Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, el jueves 20 de noviembre, a partir de las 11:00 horas. Los grupos que se espera participen también participaron en una protesta el 15 de noviembre, que se tornó violenta”.
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El Gobierno estadounidense señaló que la convocatoria de esta marcha coincide con el Desfile Cívico Militar Conmemorativo de la Revolución Mexicana, que comienza a las 10:00 horas en el Zócalo y termina en el Monumento a la Revolución.
Y alerta que “las manifestaciones pueden ser impredecibles; evite las protestas activas y tenga precaución”.
Condenan violencia en la marcha de la Generación Z
Al expresar su enérgica condena por la violencia registrada durante la manifestación de la Generación Z del sábado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, aseguró que se vulneraron los derechos fundamentales de diversas personas que ejercían, “en su inmensa mayoría, su derecho a la libre expresión y protesta a través de una manifestación social esencialmente pacífica y orgánica”.
En una carta, enfatizó la importancia de distinguir entre la protesta legitima y pacifica de ciudadanos y la violencia generada para intentar deslegitimar esta manifestación por parte del llamado "bloque negro".
Por ello, llamó a las autoridades “para que en las próximas movilizaciones convocadas por diversos medios, entre ellas la prevista para el 20 de noviembre, se respeten los protocolos de actuación”.
También pidió que la Fiscalía capitalina “garantice plenamente los derechos humanos de todas las personas detenidas”.
Al respecto, el PRI informó que brinda apoyo legal a nueve de los 18 jóvenes detenidos.
“Muchos de ellos tienen sus propios abogados, hay que entender que son gente que tiene día a día una vida cotidiana y luego les empiezan a pedir dinero, recursos, por eso es de manera gratuita el acompañamiento que damos”, señaló el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
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Por su parte, la exjefa de Gobierno de la capital, Rosario Robles, señaló que se está criminalizando a los jóvenes, por lo que sugirió a la actual mandataria, Clara Brugada, actuar como ella lo hizo en 1999.
En una carta dirigida a Brugada, señaló que en octubre de 1999, integrantes del Consejo General de Huelga de la UNAM realizaron una protesta que derivó en ataques a la policía, quienes respondieron con violencia y uso de la fuerza “inadmisible”.
Aseveró que en esa ocasión tomó la decisión de no criminalizar y optar por nombrar a Rosario Ibarra de Piedra para que realizará una investigación independiente de los hechos, lo que derivó en sanciones contra los granaderos, pese a la oposición de mandos policiales, y abrió el diálogo con los jóvenes.