Un grupo de 200 juzgadores pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respetar la reforma judicial y comenzar el proceso de cuantificación individual de las indemnizaciones para que los que declinaron participar en la elección.
En un posicionamiento enviado a la Judicatura, los jueces y magistrados recordaron que la reforma constitucional estableció que tenían derecho a tres meses de salario y 20 días por cada año trabajado en el Poder Judicial, pero, a la fecha, no les han dado noticias de los cálculos y la forma en que se pagará.
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"La petición presentada al CJF solicita que se individualice la cuantificación de las indemnizaciones constitucionales; se expidan las constancias de reconocimiento y se emita un listado completo de las personas juzgadoras que declinaron sus candidaturas para las elecciones judiciales extraordinarias 2025 y 2027", indica el comunicado.
Urgen a la Judicatura arrancar proceso para cubrir indemnizaciones
Los juzgadores urgieron a la Judicatura para arrancar el proceso para obtener “los montos que se deben cubrir por parte del gobierno de México como indemnización ante la prohibición que los juzgadores destituidos tienen de ejercer la profesión jurídica por dos años”.
Los operadores de justicia señalaron que existe preocupación de que no sea respetado el “Estado de Derecho, ya que los funcionarios morenistas han realizado acciones para apoderarse de los fondos que se destinarían a hacer los pagos correspondientes sin considerar el cumplimiento estricto al artículo Décimo Transitorio de la Reforma Judicial de 15 de septiembre de 2024".
Anuncian promoción de un juicio de amparo contra Nafin
Hace unos días, el colectivo Artículo 41, que aglutina a juzgadores opositores y la reforma judicial y que el año pasado organizado la Mañanera de los Jueces, anunció la promoción de un juicio de amparo contra Nacional Financiera (Nafin) por el envío de los saldos de fideicomisos a la Tesorería de la Federación.
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En un comunicado, señalaron que la maniobra legal busca revertir la decisión de Nafin de transferir más de 10 mil millones de pesos a la Federación que estaban en fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
Su argumento es que existe un juicio de amparo vigente que congeló el envió de los recursos, por lo que promovieron otro incidente para que se respete ese congelamiento.
