El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el pasado 11 de agosto.
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El exfuncionario permaneció tres meses en el penal federal tras ser acusado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP), Mérida Sánchez ya no se encuentra recluido en dicha instalación ni ha sido reingresado al sistema penitenciario estadounidense.
Medios han publicado que se podría tratar de un proceso de negociación y posible colaboración con las autoridades norteamericanas.
Exsecretario de Seguridad
La modificación en su estatus de reclusión ocurrió de forma paralela a la postergación indefinida de una audiencia de seguimiento ante la jueza Katherine Polk Failla.
El militar en retiro se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo en Arizona, días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación en su contra.
La justicia estadounidense lo señala por presuntamente recibir pagos mensuales de 100 mil dólares por parte de la facción de "Los Chapitos" a cambio de impunidad en la entidad.
La imputación contra Gerardo Mérida forma parte de un expediente más amplio anunciado a finales de abril, en el que se acusa a 10 funcionarios y políticos mexicanos de conspiración para el narcotráfico.
Mandos estatales
Entre los señalados en dicho documento figuran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros altos mandos estatales y municipales.
Mérida Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en las Fuerzas Armadas, donde se desempeñó como comandante en diversas Zonas Militares y director de la Escuela Militar de Inteligencia. Antes de incorporarse al gabinete estatal en 2023, cargo que ocupó hasta 2024, sirvió también como agregado militar de México en Chile.
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El traslado de procesados de alto perfil desde prisiones federales hacia ubicaciones no públicas para facilitar interrogatorios es una práctica recurrente en la justicia estadounidense.
Un esquema similar se aplicó de forma reciente en los casos de otros integrantes de la misma organización criminal, como Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.