La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó que cuenta con pruebas "contundentes" contra Ernesto Ruffo Appel por su participación en una red de contrabando de combustible.
Te interesa: Detienen en Jalisco a Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, por presunto huachicol fiscal
Suscríbete a nuestro canal
De acuerdo con la indagatoria, el acusado utilizó la empresa Ingemar —de la cual es accionista y secretario del Consejo de Administración— para operar ferrotanques y realizar movimientos millonarios que resultaron incongruentes con su perfil fiscal.
La dependencia destacó que Ernesto Ruffo reconoció poseer el 49 por ciento de las acciones de dicha empresa y estar al tanto, al menos desde 2024, de la alteración en los pedimentos de importación. En estos documentos aduanales, vehículos y ferrotanques con capacidades de hasta 112 mil litros eran declarados por un volumen de apenas 10 mil litros. El proceso penal seguirá su curso ante la autoridad judicial competente.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 18 de julio de 2026 e internado en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 “El Altiplano” en el Estado de México, donde lo vincularon a proceso.
El 25 de septiembre un juez federal le otorgó la prisión domiciliaria para continuar el juicio desde su residencia en Ensenada, Baja California y un día después abandonó el penal de máxima seguridad.
El sábado 26 de septiembre, el exgobernador de Baja California abandonó el Penal de El Altiplano en el Estado de México tras obtener de un juez la prisión preventiva domiciliaria.
La defensa de Ruffo Appel apeló su edad avanzada y algunos padecimientos de salud, y el juez de control Mario Elizondo Martínez modificó la medida cautelar que lo mantenía en el centro penitenciario de máxima seguridad.
El político panista es recordado porque gobernó Baja California entre 1985 y 1995 como el primer mandatario de oposición en la historia del país.
Además, el exmandatario estatal cumple la medida cautelar en su domicilio ubicado en Ensenada, Baja California y debe acatar otras restricciones como la prohibición de salir del país y el retiro de su pasaporte y visa; además de mantener distancia de testigos y de otras personas relacionadas con el proceso penal que enfrenta.