La Fiscalía General de la República (FGR) consideró a Gilda Susana Lozoya un eslabón de peso específico para que su hermano, Emilio Lozoya, cobrara un soborno de 3.5 millones de dólares en el caso Agronitrogenados.
La dependencia resaltó que Emilio Lozoya, con pleno conocimiento de que sería director de Pemex y previo a asumir el cargo, pactó con Ancira, entonces dueño de AHMSA, que la petrolera haría lo necesario para que la empresa estatal productora comprara la planta de agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.
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Además, acordaron que Lozoya recibiría un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares.
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El monto quedó cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos, a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited,
constituida como una empresa fachada de Lozoya en Islas Vírgenes, considerado uno de los más importantes paraísos fiscales.
En tanto, el exdirector de Pemex era el titular del derecho de disposición de la cuenta, para ocultar el origen de los recursos, la FGR supone que hizo una cesión de ese derecho a favor de su hermana Gilda.
Gilda Lozoya, responsable de transferir recursos para pagar la casa que Emilio
Gilda Lozoya fue la responsable de transferir los recursos para pagar la casa que Emilio Lozoya adquirió en Lomas de Bezares en 38 millones de pesos.
“En ese contexto, Gilda realizó diversas transferencias a favor de personas ubicadas en México.Una de esas transferencias sirvió para cubrir el precio pactado por la compra, a nombre de su hermano, de la casa ubicada en Lomas de Bezares”, resaltó la FGR.
Al ser producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR instrumentó un procedimiento de extinción de dominio, cuya resultante final fue la emisión de una sentencia definitiva a favor del Gobierno Federal.
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La planta se encontraba en condiciones deplorables. No obstante lo cual, gracias a las maniobras realizadas por Lozoya al interior de Pemex, el bien se adquirió a un precio escandalosamente superior al valor real que tenía al momento de la celebración del contrato de compra venta.
“Como se puede apreciar, se está en presencia de maniobras claramente destinadas a enmascarar un pago corrupto, el cual fue el aliciente económico que condujo causalmente a la maquinación de una compra definitivamente fraudulenta con la que se ocasionó un grave daño al patrimonio del erario federal”, expuso la dependencia.