El Gobierno de México aceptó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró culpable al Estado mexicano por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ernestina Ascencio Rosario, a quien agredieron sexual y físicamente integrantes del Ejército, lo que le ocasionó la muerte.
La Secretaría de Gobernación informó que este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó la sentencia del caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de la sierra de Zongolica de Veracruz, por los hechos ocurridos en 2007.
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“Durante la audiencia del caso, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados. También de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares; así como el derecho a la integridad personal de sus familiares”, señaló.
La dependencia federal que encabeza, Rosa Icela Rodríguez, destacó que “la posición del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición, por lo que se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional”.
Y reafirmó el compromiso del Estado Mexicano contra la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Esta tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró culpable a México por la violación sexual y graves lesiones perpetradas contra la mujer indígena náhuatl de 73 años, habitante de la Sierra Zongolica en Veracruz, a quien violaron miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007.
De acuerdo con el organismo internacional, el día anterior a los hechos, un campamento militar se había instalado en cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón desde 2006.
“La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, refiere.
Y destaca que a la señora Ascencio la trasladó su familia en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta que la recibieron en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de que la pudieran intervenir quirúrgicamente.
Ante esos hechos se inició una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, pero el entonces presidente Felipe Calderón declaró que la indígena “murió de gastritis crónica”, versión que respaldó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que en el ámbito local se archivó la indagatoria.