Sin un marco normativo que lo regule y con poca transparencia, el gobierno federal utiliza cientos de herramientas de IA en sus principales dependencias. El uso de estas tecnologías va desde el monitoreo de especies en peligro de extinción hasta acciones de vigilancia que podrían vulnerar los derechos de la ciudadanía. Frente a esto, especialistas advierten un uso desordenado de la tecnología, al igual que mitos que podrían derivar en la sobrerregulación de la misma.
En abril de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. La estrategia busca transitar de un rol de usuario pasivo hacia un modelo soberano donde la tecnología esté al servicio del interés público. El Plan menciona que la implementación de la IA deberá hacerse con transparencia, lo que implica hacer a los algoritmos comprensibles, explicables y auditables para la ciudadanía.
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No obstante, la opacidad en el uso de estas herramientas tecnológicas comienza desde el hecho de que no hay una estadística oficial de cuántas y cuáles emplea el gobierno federal, consideró José Flores, Director de Comunicación de la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), consultado en entrevista para 24 HORAS.
Hasta ahora no existe un censo público que exponga con precisión cuántas herramientas de IA usa el gobierno, sin embargo, estimaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) calcularon a finales de 2024 un total de 119 que van desde chatbots hasta sistemas de vigilancia.
Para Aldo Ricardo Rodríguez Cortés, director del Observatorio de IA México, el uso de la IA en la administración federal ha sido desordenado. Como no existen lineamientos oficiales ni un marco de adopción claro, las herramientas no se usan de manera completamente pública ni homogénea y en algunos casos se han adoptado de forma casi "personal" o informal, detalló al ser consultado para este reportaje.
“Lo que es muy sonado es el uso de Inteligencia Artificial por parte de la Secretaría de Hacienda, en medidas recaudatorias y sobre todo el envío de correos y el perfilamiento… Evidentemente no hay información al respecto del uso”, dijo.
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Por lo anterior el especialista aseguró que es urgente establecer mecanismos y normativas claras sobre el "cómo sí" se pueden contratar y utilizar las herramientas de IA, definiendo qué dependencias, quiénes y bajo qué casos pueden emplearlas de forma transparente y homogénea.
“La población cuando tú hablas de inteligencia artificial entiende principalmente la inteligencia artificial generativa: el uso de chat GPT, de Claude y de todas estas herramientas. Mientras que la inteligencia artificial en un sentido más amplio, abarca sistemas, por ejemplo, por parte del Estado que permiten hacer inferencias, deducciones y sacar conclusiones sobre nuestra vida diaria para la toma de decisiones. Lo utilizan bancos, aseguradoras para tomar decisiones a través del perfilamiento de nuestras actividades”, añadió Flores, de R3D.
“La transparencia algorítmica tiene que ver con que nosotros sepamos todo el ciclo de vida de la tecnología. Saber desde qué he conjuntos de datos se están utilizando para entrenar a estos algoritmos, hasta qué variables son consideradas. Hay que recordar que la inteligencia artificial no piensa por sí misma; requiere que su algoritmo sea entrenado con ciertos sets o ciertas variables y a partir de esos conjuntos de datos puede tratar de predecir patrones. Identificar y predecir patrones”.
A pesar de esto y que el Plan Nacional de IA estipula la transparencia como un pilar, las dependencias llevan años usando estas tecnologías en la opacidad.
“Hay indicios de que, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2018-2019 ha empezado a implementar este tipo de herramientas y eso puede verse en diferentes dependencias. A la fecha no existe un censo de cuántas de estas herramientas existen, o se están implementando”, destacó Flores.
Dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco de México y la Secretaría de Economía han incorporado la Inteligencia Artificial en su estructura orgánica sin transparentar sus usos o el manejo de datos que hacen con las herramientas.
Algoritmos como los sistemas predictivos del SAT para auditar contribuyentes o los modelos de simulación de vulnerabilidad (como los desarrollados en el SESNA). No obstante, estos operan con criterios y ponderaciones desconocidas para la población afectada, sin mecanismos claros para explicar cómo se llegó a una determinación o clasificación, según documentó R3D en el informe Transparencia Algorítmica.
No obstante, Ricardo Rodríguez, del Observatorio de IA, aseguró que la Transparencia Algorítmica solo debe exigirse en procesos donde se puedan vulnerar los derechos de las personas o de grupos vulnerables, por ejemplo, en la selección de perfiles para otorgar becas o apoyos. También señaló que es absurdo exigir explicabilidad en áreas donde ni siquiera se cuenta con insumos básicos ni existen sistemas automatizados vulnerando derechos.
“La gente se está rasgando las vestiduras pidiendo explicabilidad y transparencia algorítmica donde no tenemos, o sea, donde no existe el problema. Yo no tengo conocimiento de ningún proceso federal en este momento que esté impactado con IA, que limite o otorgue derechos”.
El desorden que la Ley General de IA podría no solucionar
A nivel local, entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco han impulsado sus propios acuerdos o leyes sobre gobernanza de datos e IA públicas, lo que acentúa la fragmentación normativa ante la ausencia de una ley general federada.
Registros disponibles en la Plataforma de Transparencia muestran que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se han presentado por lo menos 182 iniciativas y puntos de acuerdo con motivo de la IA. De este universo destaca la iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso tenga facultades para legislar sobre la IA y de esta manera producir una Ley General que regule esta tecnología.
Tanto el oficialismo como la oposición han presentado iniciativas en esta materia.
De Morena, la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio y el senador Saúl Monreal Ávila presentaron iniciativas para reformar el artículo 73 de la Constitución Política, con el fin de facultar expresamente al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de IA.
“La verdad es que todas las propuestas que me ha tocado leer o casi todas, yo las veo muy prohibitivas, o sea, veo regulaciones que están muy aparejadas con los lineamientos de Europa, que no necesariamente son lineamientos que nos convengan como país y menos siendo vecino de Estados Unidos” consideró Ricardo Rodríguez, del Observatorio de IA.
“Se nota un desconocimiento de la tecnología y también del potencial que debemos tener como país, sobre todo pensando en que se abren oportunidades que pudiéramos estar aprovechando de forma interna como país como hacia terceros. Al menos las iniciativas que me ha tocado leer en su gran mayoría son pues una copia mal hecha de lo que está en Europa”.
Para el especialista, casi todos los temores o conductas que generan alarma en torno a la Inteligencia Artificial ya se encuentran sancionados en las leyes vigentes. Añadir expresamente la frase "con inteligencia artificial" a los textos jurídicos no aporta valor práctico, dijo, puesto que conductas como la creación de pornografía no consentida o el uso indebido de la voz de una persona ya están tipificadas en normas como la Ley Olimpia o la legislación de derechos de autor
Además, advierte que intentar definir la tecnología de forma rígida dentro de las leyes penales resulta perjudicial, ya que si la herramienta cambia o la definición legal no encaja de manera exacta, se pueden generar vacíos normativos que terminen provocando impunidad.
Por estas razones, Ricardo concluyó que el gobierno no debe centrarse en imponer restricciones ni castigos, sino en crear un marco enfocado plenamente en la adopción tecnológica. Para él, la verdadera prioridad del Estado debería ser asignar presupuesto a las instituciones, educar y capacitar a los servidores públicos en el uso de la herramienta y establecer reglas claras sobre cómo sí utilizar la inteligencia artificial para agilizar los trámites ciudadanos y hacer la justicia más expedita.
Pero aún en la justicia hay cuestiones que se mantienen a debate, como la hipervigilancia mediante la IA.
Hipervigilancia, en la opacidad
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública establece en su artículo 32 que las autoridades pueden emplear herramientas de Inteligencia Artificial para el procesamiento y análisis de datos con el fin de prevenir y perseguir conductas ilícitas.
En centros de mando como los C5 y en unidades policiales, la IA es utilizada para el procesamiento masivo de video, la lectura automática de placas (LPR), el reconocimiento facial y el patrullaje predictivo, tal como se aplicó en las sedes del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 mediante el Plan Kukulkán. Asimismo, entidades como el Estado de México han contratado tecnologías de vigilancia con IA y hasta han hecho gala de robots comprados para estas labores.
A pesar de este uso abierto en materia de seguridad, el gobierno inhibe la posibilidad de evaluar y hacer auditorías independientes a los algoritmos empleados bajo el argumento de “seguridad nacional”
Una parte que explica esta opacidad es el software usado por el gobierno, usualmente contratado a proveedores privados. Por lo anterior, cuando la ciudadanía o auditores solicitan información sobre la lógica algorítmica o los códigos fuente, las dependencias suelen escudarse en cláusulas de propiedad intelectual o secreto industrial.
“A nosotros nos pasó cuando solicitamos información sobre el sistema de verificación biométrica del FAN ID, desarrollado por IN-CODE. Una de las reservas que se invocó para clasificar la información fue el secreto industrial. Y era era ridículo porque recibías tú el el examen que hizo el INAI y venían 30 40 páginas completamente negro. Completamente testadas”, detalló José Flores, de R3D.
“Tenemos poca claridad sobre el entrenamiento, sobre el acceso, sobre incluso las facultades que van a tener las personas para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, pero al mismo tiempo estamos viendo un fenómeno en donde para fines como la generación de productos de inteligencia se están levantando estos candados, es decir, se va a permitir el cruce de información que puede obrar en diferentes bases de datos, tanto públicas como privadas, eh digamos con fines al menos ambiguos”, añade.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha defendido el uso de IA e incluso lo ha tildado de éxito, presumiendo el desmantelamiento de una red de estafas que usaba deepfakes de la Presidenta de México, del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Omar García Harfuch) y de la Gobernadora del Banco de México para promover falsas inversiones.
Además, según la SSP, gracias al procesamiento de grandes volúmenes de datos, los tiempos de análisis e integración de líneas de investigación criminal- que antes tomaban más de una semana a un investigador- se acotaron a un solo día.
A esto se suma que la inteligencia artificial también se utiliza para implementar esquemas de patrullaje predictivo y prevención del delito. Mediante técnicas de minería de datos y aprendizaje automático, los sistemas analizan registros históricos de incidencia delictiva para identificar mapas de calor, franjas horarias y concentraciones geográficas de riesgo.
Pero estos resultados entrañan riesgos éticos y de derechos humanos. El principal cuestionamiento se centra en la discriminación algorítmica, ya que los modelos predictivos se entrenan con datos históricos que suelen arrastrar prejuicios sociales.
Además, según advierte R3D, la acumulación de marcos faciales en bases de datos biométricas centralizadas genera una vulnerabilidad crítica, puesto que una filtración o ciberataque compromete la identidad permanente de las personas sin posibilidad de reparación.
A este cuestionamiento se suma el director del Observatorio de IA, quien considera que la preocupación real del gobierno debería dirigirse a fortalecer la ciberseguridad de las instituciones públicas para evitar hackeos y filtraciones en las bases de datos, como ha ocurrido varias veces en el pasado.
Ante el temor de que la IA "despoje" de privacidad a los ciudadanos frente al gobierno, Ricardo Rodríguez señala que la IA no recaba los datos desde cero. El Estado ya es tenedor de la información personal y biométrica a través de trámites obligatorios como la CURP biométrica, el pasaporte o la credencial del INE. La IA simplemente permite procesar esa información previa de forma más rápida o masiva.
La llegada de estas nuevas tecnologías no altera los principios éticos esenciales, los cuales siguen basándose en la regla elemental de no ventilar ni divulgar datos personales. No obstante, para R3D sigue habiendo riesgos en cuanto al manejo de los datos, así como al derecho al consentimiento de que estos sean utilizados en un modelo de IA.
“Me parece que hay ciertos fines legítimos que tiene la administración. Debería haber una perspectiva de derechos humanos, porque no es solo un derecho el que entra en juego. Cómo se generan estas infraestructuras y estos sistemas a partir de una perspectiva que sea respetuosa los derechos. No sólo se trata de mi privacidad o consentimiento en el uso de datos, se trata también de cómo estas decisiones no amplifican brechas: ¿Cómo respetamos el derecho al anonimato que es un derecho también incluido dentro del derecho a la identidad, sobre todo ante el ojo del Estado? ¿Por qué el Estado tendría que saber y monitorear todas mis actividades”.