La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., se solidariza con las familias de las niñas y mujeres que han perdido la vida con motivos de género.
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Los lamentables hechos recientemente acontecidos en el Estado de Morelos junto a las desgarradoras protestas que le siguieron son una clara foto de lo que acontece en todo el país en términos de impunidad y percepción de seguridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE)1 publicada en septiembre de 2026, más del 70% de las mujeres del país se sienten inseguras de caminar solas por la noche en los alrededores de su vivienda.
Hay un alto porcentaje de la población que desconfía en las autoridades encargadas de la seguridad de la sociedad y del país (42% en las policías estatales).
Y en el ámbito de procuración e impartición de justicia (35.6 % en la Fiscalía General de la República, 41.6% Fiscalías estatales y 41.7% autoridades jurisdiccionales).
Seguridad para las mujeres y niñas
Esta desconfianza ha motivado que la cifra oculta de delitos NO denunciados se incrementara a 91%.
Lo que implica que solo el 9% de los delitos transitan al sistema de justicia de los cuales el porcentaje de conclusión con sentencias condenatorias o soluciones alternas es muy bajo.
La impunidad destruye la legítima aspiración a la vigencia del Estado de Derecho que es condición indispensable para el desarrollo de nuestro país.
Urgimos a las autoridades para que en el ámbito de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias y asuman las políticas que permitan a la sociedad vivir en paz y en caso de perturbarse ésta ilícitamente, el Estado actúe con contundencia, pero dentro del marco de la Ley, en contra de los responsables.
En lo particular la prevención, investigación y sanción de los feminicidios requieren policías capacitadas y coordinadas, fiscalías especializadas y eficaces, servicios periciales fortalecidos, mecanismos de protección para las mujeres en situación de riesgo y una actuación institucional que permita identificar y atender oportunamente los factores que pueden conducir a la violencia feminicida.
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Se requiere de una estrategia integral de Estado, sostenida y coordinada, que atienda a las causas, pero también coloque la prevención, la seguridad, la investigación y la protección efectiva de las mujeres en el centro de la actuación gubernamental.