La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pidió que fijen reglas claras para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
En un posicionamiento, indicó que se corre el riesgo de que se vulnera la imparcialidad de la autoridad electoral, en caso no establecerse con claridad que el INE no es autoridad judicial y solo servirá como un canal entre partidos e instancias de seguridad.
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"El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes", dijo.
Abundó que "si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello, es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones".
Señaló que el Instituto Nacional Electoral "es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública".
Manifestó que las instituciones de Seguridad son "las instancias, y solo ellas, las que cuentan con las facultades legales y las metodologías para determinar la existencia de un riesgo razonable".
Taddei reconoció que "el combate a cualquier intento de infiltración de intereses ajenos a la legalidad en los procesos democráticos no es tarea de una sola institución; es una responsabilidad compartida de todas las autoridades que integramos el Estado mexicano".
Por lo que "el Instituto Nacional Electoral vela y seguirá velando por elecciones libres, auténticas y apegadas a la Ley. Estamos listos para cumplir con nuestra labor de coordinación, coordinación institucional y para preservar nuestro sistema democrático. Pero al mismo tiempo, seguiremos exigiendo que cada autoridad competente del Estado mexicano, así como los propios actores políticos, asuman con rigor y sin excepciones la parte que le corresponde en el ejercicio de sus facultades".
Consideró que "las instituciones electorales deben mantenerse siempre como garantes de la imparcialidad y confianza ciudadana, y nunca como actores políticos dentro de la competencia democrática".