La Red por los Derechos de la Infancia registró en un año 127 casos donde alumnos recibieron atenciones médicas por lesiones de compañeros.
Foto: Especial | La Red por los Derechos de la Infancia registró en un año 127 casos donde alumnos recibieron atenciones médicas por lesiones de compañeros.  

El caso de Fátima evidenció la grave situación del bullying en la actualidad y la falta de protocolos para atender la problemática en las escuelas, ya que cientos de casos de violencia con lesiones terminan en atenciones médicas, alertó el presidente del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Rafael Castelán.

Aunado a ello, mensajes como el del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, de actuación inmediata desincentivan a las víctimas a denunciar.

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En entrevista con 24 HORAS, el directivo del Redim aseguró que hay una noción de la violencia en las escuelas de la capital, pero por desconocimiento de los profesores sobre la aplicación de protocolos y la secrecía de los estudiantes invisibilizan los casos que se registran día a día, cuyas lesiones llegan incluso a requerir traslados a hospitales.

“Los niños, niñas y adolescentes que llegaron a hospitales por alguna situación de lesiones o que las ambulancias tuvieron que recurrir a alguna escuela fueron 127 casos en 2023 y similar en 2024; aunque sabemos que hay muchos casos que no llegan a los hospitales y sabemos que en las escuelas suceden muchos actos de violencia”, explicó Castelán.

Abundó que entre 2022 y 2023 ocurrieron 77 casos de este tipo, lo que representa un incremento relevante. Además, lamentó que estos números solo reflejan los hechos reportados, mientras que la cifra negra podría ser hasta cinco veces mayor.

Declaraciones problemáticas

Rafael Castelán señaló que las declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, son lamentables porque revictimizan a la pequeña de 13 años y a su familia. Además, advirtió que envían un mensaje a las víctimas de que sus testimonios y opiniones no serán suficientes y que, si se atreven a denunciar, no serán escuchadas.

“Sucede que estas personas que aparentemente son las que tienen la obligación de garantizar y proteger nuestros derechos no lo están haciendo y lanza un mensaje hacia la sociedad muy fuerte de que no denuncien, de que a pesar de que denuncien al final las víctimas van a ser las responsables y eso nos parece degradante y lastimoso para las víctimas”, dijo.

Sin embargo, aseveró que la responsabilidad y respuesta para atender la grave problemática del bullying no debe de quedar solamente en las autoridades educativas, sino de todas las instituciones, de la sociedad civil, empresas y familias como actores de una misma sociedad, y no esperar solamente a que concluyen investigaciones para aplicar sanciones.

Otro problema radica en centrar la atención en un tema punitivista lo que no da cabida a una respuesta con un carácter de reconstrucción del tejido social o de justicia restaurativa, por lo que llamó a generar protocolos de actuación ante el bullying, así como la articulación entre las distintas instancias, instituciones y sociedad civil, pidió.

Castelán recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deben realizar todos los mecanismos, herramientas y acciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra este sector.

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