El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a garantizar el derecho de las comunidades indígenas de Michoacán a ejercer en forma directa los recursos provenientes de la hacienda pública del municipio.
A través de un comunicado, la Corte informó que el INPI se puso en contacto con ellos para analizar el nuevo marco constitucional en materia de derechos de la comunidades y pueblos indígenas.
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Del mismo modo, la sentencia que llegue a emtitir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definirá una de las demandas históricas con la comundad mazahua de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro.
También, se llevará la misma acción en la comunidad P'urhépecha de Jarácuaro, Municipio de Erongarícuaro; en ambos municipios interpusieron controversias constitucionales para impedir ejercer de manera directa los recursos presupuestales que provienen del ámbito municipal.
Esta demanda se respalda por el decreto constitucional con base al artículo 2° que busca el reconocimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Con estos motivos, se refuerza la petición al máximo tribunal del país a sentar bases fundamentales para beneficio de los pueblos originarios garantizando su bienestar, su derecho público y patrimonio propio para ejercer correctamente sus garantías.
Bajo este contexto, resulta fundamental evocar el principio juarista “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, indicó la petición del INPI.
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