El Instituto Nacional Electoral (INE) ingresó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Plan B de la reforma electoral, impulsada por la Cuarta Transformación, la cual se suma a otras interpuestas por institutos políticos y legisladores.
El organismo electoral pidió a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto se decide de fondo sobre la constitucionalidad de las normas.
La porción impugnada incluye los cambios en cuanto a la propaganda gubernamental, pues permite a funcionarios que realicen posicionamientos durante elecciones, con el argumento de garantizar la libertad de expresión, pero que, según el INE, vulnera los principios de neutralidad en comicios y no intervención de servidores públicos.
Esa parte del Plan B también ha sido controvertida por los partidos: PAN, PRI, PRD, MC, así como por varios ayuntamientos, como el de Monclova, y las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados y el Senado.
El resto del Plan B todavía se encuentra pendiente de aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, y en este se completa una reestructura administrativa del INE, con el que el Gobierno federal asegura que se ahorrarían al menos cinco mil millones de pesos, mientras que el consejero presidente Lorenzo Córdova manifestó que se “descuartiza” al Instituto Nacional Electoral e implicaría recortar al 85% de la plantilla operativa del organismo.
Según un comunicado del INE, dicho recurso ante la Corte se interpuso debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto publicado, creando condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, indicó el organismo.
En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
El INE también señala que “el grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”.
Senado no hará caso a presiones por pasar Plan B
Por: Karina Aguilar
Con un procedimiento ordinario, pausado y sin prisas, el Senado de la República analizará y, en su caso, aprobará el segundo paquete del denominado Plan B en materia electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ello rechazar la transferencia de votos para lograr la vida eterna de los partidos políticos.
En la sesión de ayer, la Mesa Directiva del Senado turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Justicia, la minuta que contiene reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la posición de Morena es respaldar lo que la Cámara de Diputados hizo, “respaldar en este caso al presidente de la República, que fue quien -recuerden ustedes- anunció que si ese artículo se aprobaba él lo vetaría”.
En tanto, será este jueves cuando el bloque de contención, integrado por los senadores de oposición, definan el sentido de su voto a esta segunda parte del Plan B.
Discriminatorio, suspensión de derechos políticos
Por: Ángel Cabrera
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por mayoría de votos, que es discriminatoria la información del sistema de verificación de la vigencia de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se hace alusión a si las personas tienen suspendidos sus derechos político-electorales.
El pleno de la Sala Superior, en sesión pública presencial, consideró que la información que se muestra en el portal de verificación de la vigencia de la credencial para votar es discriminatoria, pues atenta contra el honor y la dignidad de las personas.
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