El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, comparecerá nuevamente este martes 11 de agosto ante un juez federal, quien determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por su presunta participación en la desaparición de evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa.
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La audiencia está prevista para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado junto al penal del Altiplano, en el Estado de México.
La diligencia será continuación de la audiencia inicial celebrada el viernes pasado.
Cuando la Fiscalía General de la República formuló imputación contra el exmandatario estatal por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez aplazó hasta este martes la resolución sobre su situación jurídica.
Aguirre permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, luego de que se le impusiera prisión preventiva.
Durante la primera audiencia, la defensa solicitó prisión domiciliaria debido a su edad y condiciones de salud; sin embargo, el juez rechazó la petición.
Ayotzinapa
La acusación de la Fiscalía se centra en las videograbaciones obtenidas por las cámaras 12 y 15, instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Las cuales registraron el paso del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la investigación ministerial, las imágenes también habrían captado la intervención de policías municipales y estatales.
Durante años se sostuvo que las grabaciones no existían debido a fallas en el sistema de videovigilancia.
Sin embargo, este año la FGR incorporó testimonios que apuntan a que obtuvieron el material y posteriomente desapareció.
Un primer colaborador declaró en enero pasado sobre la existencia de los videos.
Mientras que un segundo testigo, incorporado en mayo, señaló que Aguirre habría instruido a integrantes de su gobierno para eliminar evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La Fiscalía sostiene que la desaparición del material fue deliberada y atribuye al exgobernador en participación directa.
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Aguirre rechazó haber tenido responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.
Aseguró que durante los últimos 12 años ha atendido los llamados de las autoridades para colaborar con las investigaciones.