Senadores y diputados de Morena presentaron una iniciativa para posponer la próxima elección del Poder Judicial al 2028.
Argumentaron que la eventual concurrencia de comicios en la materia con el proceso electoral genera riesgos institucionales.
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Los diputados que suscribieron dicha iniciativa son:
- Alfonso Ramírez Cuéllar
- Mariana Benítez Tiburcio
- Olga Sánchez Cordero
- Alfredo Vázquez Vázquez
Senadores:
- Javier Corral Jurado
- Susana Harp Iturribarría
Por ello, los legisladores plantean eliminar referencias que vinculan la elección judicial al calendario electoral federal ordinario.
Esto con el propósito de evitar su concurrencia y postergar el siguiente proceso al año 2028, otorgando tiempo suficiente para diseñar, implementar y consolidar el sistema de certificación técnica.
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Buscan garantizar independencia judicial
Evitar la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales políticos, a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.
Argumentaron entre los riesgos institucionales, una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral.
“La elección de personas juzgadoras exige un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial. La simultaneidad con contiendas partidistas puede desdibujar esa frontera, afectando la legitimidad del modelo”, advirtieron.
Resaltaron la importancia que la elección de personas juzgadoras posea un proceso electoral propio y la revisión de idoneidad de los perfiles.
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Además, remarcaron que el proceso de la elección del Poder Judicial evidenció dos problemáticas centrales, en principio, los requisitos constitucionales vigentes para acceder a cargos jurisdiccionales, como promedios académicos mínimos o cartas de recomendación, resultan insuficientes para evaluar de manera objetiva las competencias técnicas necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Si bien tales requisitos establecen un piso mínimo, no garantizan que las personas candidatas cuenten con las competencias y habilidades sustantivas como razonamiento jurídico, interpretación normativa, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, capacidad de gestión judicial y compromiso social.