La ministra Lenia Batres propuso que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busque un mecanismo para romper el principio de “cosa juzgada” y nulificar sentencias firmes.
Durante la sesión de este miércoles, justificó que se trataría de un mecanismo excepcional y que se aplique solo cuando se hallen acciones fraudulentas que no se tomaron en cuenta por la anterior Corte.
“Creo que esta Corte debería tener, sí, por supuesto, resguardadísimo de absoluta excepcionalidad, pero debería tener algún tipo de recurso para nulificar este tipo de sentencias ajenas a la ley, ajenas a la justicia, ajenas, pues, también a las aspiraciones que tiene y a la expectativa del resguardo de nuestra Constitución, de nuestros principios generales de derecho que se esperan en esta Suprema Corte”, dijo.
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Al discutir un asunto sobre un asunto de acción de nulidad de juicio, expresó que “no debe privilegiarse una aplicación rígida del principio de cosa juzgada, que convalida o convalide actos fraudulentos, pues ello vulnera la seguridad jurídica, por el contrario, tendría que asegurarse la existencia de una instancia que permite revisar controversias originadas en fraude procesal”.
Alegó que en la anterior integración de la SCJN “pasaban sentencias fraudulentas por nuestras narices y esta Suprema Corte no podía o no quería hacer absolutamente nada”.
Lenia Batres expone casos
Relató que hubo “contratos de venta de ejidos en los que, incluso tuvimos un caso en el que se alegaba justamente la denegación de justicia porque resulta que ejidatarios resultaron defraudados por el abogado de su contraparte, que se suponía que era su propio abogado, y nosotros no quisimos reparar este tipo de sentencia en la que perdieron porque, además, no había ni siquiera acta de asamblea de nada, en la que perdieron sus parcelas por supuesta legalidad”.
Abundó que “también vimos un caso de una empresa que se suponía, bueno, contratada para construir un libramiento en la parte exterior de la Ciudad de Puebla, capital, que no construyó absolutamente nada y la condenamos o nosotros nos abstuvimos de participar en la revocación de una sentencia que condenaba al gobierno del Estado de Puebla a pagarle $250’000,000.00 (doscientos cincuenta millones), de precios de hace 10 años, a la empresa que no construyó absolutamente nada, pero que también se trataba de un asunto de legalidad”.
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Otro ejemplo grave es “de un municipio de nueva creación en Chiapas, que presentó en el cumplimiento de una sentencia del municipio anterior, le exigió a la Comisión Federal de Electricidad, el pago de $65´000,000,000.00 (sesenta y cinco mil millones de pesos 00/100 m.n.) (una cantidad estratosférica y absurda) por la ocupación de una presa de la que no había pagado el predial durante no sé cuántos años, y resulta que esa presa ni siquiera estaba en el municipio de nueva creación, pero también nos abstuvimos de participar en la revocación de esta sentencia ridícula y absurda en contra, en este caso, de la CFE”.