En el evento que se presentó el Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Magistrado Benjamín Rubio Chávez, señaló la importancia de contar con defensores públicos.
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“No hay justicia sin defensa. La justicia siempre requiere como aliado a personas que sean capaces de enfrentarse al poderoso, al arbitrario, al injusto… alcanzar la justicia requiere de personas con vocación, esas que no solo hacen lo que deben hacer según sus manuales y horarios, sino aquellas que entregan más por la misma prestación”.
Del mismo modo, informó que, de diciembre de 2025 a la fecha, el IFDP logró la liberación de 432 presos que sufrían penas excesivas o condiciones de vulnerabilidad –como enfermedades terminales, discapacidad física, o ser originarios de pueblos y comunidades indígenas.
En cuanto a la asesoría jurídica, refirió que se busca la representación en temas de derechos humanos, como el acceso al agua, cobro excesivo de energía eléctrica o su suspensión, falta de atención médica, entre otros.
Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, reconoció la labor de las y los defensores públicos “por lo realizado en estos casi seis meses de la nueva etapa de nuestro sistema de justicia”.
Programa del IFDP se aplicará a nivel nacional
Afirmó que en el pasado, dentro del sistema judicial mexicano, se conformó una visión alejada del servicio social. “Yo nada más me acuerdo de estas frases que están colocadas en el imaginario popular: ‘A mí no me des, ponme donde hay’, ‘El que no tranza no avanza’. Se construyeron porque el funcionario no estaba de manera genuina comprometido con lo que le encomendaban: hacer justicia. Estaba aprovechando el lugar para servirse y no para servir”.
En su intervención, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, indicó que el programa de preliberaciones se desplegará a nivel nacional y contará con la participación de reclusorios, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR).
Agregó que el propósito de “Construyendo puentes para acercar la justicia” es atender los principales retos del acceso institucional a la justicia y asegurar que esta sea eficaz, con enfoque humano y plenamente accesible para quienes la necesitan. Destacó que uno de los ejes cardinales del programa tiene que ver con la preliberación de personas de población vulnerable cuyos antecedentes de edad o condición física les permitan acceder a ese derecho.
Destacan brindamiento de apoyo y asesoría
Relató que en su experiencia –al llevar a cabo un proyecto similar en la Ciudad de México, cuando fungió como consejero jurídico de la capital, y por instrucción de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo– se logró la liberación de más de 100 mujeres “entre indígenas, personas con enfermedades terminales, personas de la tercera edad”.
Por su parte, el director general del IFDP, Benjamín Rubio Chávez, destacó los tres aspectos en los que se concentra el programa, y que van más allá de la defensa penal. Ello, porque también se brinda asesoría jurídica y asesoría jurídica intercultural.
El también autor del texto “Derecho a la identidad” explicó que el tercer aspecto busca “que la defensa jurídica tenga coherencia con la reforma del artículo 2 constitucional, el cual reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, que, entre otros derechos, reconoce los sistemas normativos indígenas con defensores que hablen la lengua y que sean intérpretes de las culturas y esos sistemas”.
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El magistrado Benjamín Rubio Chávez detalló que el proyecto se sustenta en tres pilares: defensa penal, asesoría jurídica y asesoría jurídica intercultural. En materia de asesoría jurídica intercultural destacó la apertura de por lo menos 30 Casas de Asesoría Intercultural en el país en las diversas regiones, además de la ya inaugurada en Huejutla, Hidalgo.