Las liquidaciones de jueces y magistrados afectados por la reforma judicial están en riesgo, y la responsable es Nacional Financiera (Nafin), debido a la sustracción de recursos de fideicomisos de la Judicatura y su traslado a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de manera ilegal, señaló María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
En entrevista con 24 HORAS, la magistrada saliente recordó que la reforma judicial señaló que los recursos de los fideicomisos se utilizarían para pagar un beneficio económico consistente en tres meses de salario y 20 días por cada año trabajado a cada juzgador que perdió su empleo o participó en la elección y no ganó.
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Las reglas se han incumplido por Nafin, porque “en lugar de haber entregado los recursos a quien debía, lo que hace es hacerle caso a otra autoridad, que no era parte de la Judicatura, para entregarlo a un tercero, entonces ese dinero lo distraen del objetivo constitucional, entonces hay que ver dónde está el dinero”.
A partir del 1 de septiembre, la Tesorería de la Federación, por ser la que quedó a resguardo de esos recursos, también incumpliría la Constitución e incluso, afirmó, la presidenta Claudia Sheinbaum por no dar la orden de utilizar esos recursos para pagar los montos a los juzgadores salientes.
Se trata de más de 11 mil millones de pesos que Nafin transfirió, sin aval de la Judicatura, a la Tesorería federal, por lo que los juzgadores salientes, los que renunciaron y los que perdieron la elección están en la incertidumbre.
Piden a Sheinbaum asegurar liquidaciones judiciales
La magistrada saliente apeló a la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum para ordenar que los recursos que se transfirieron a la Tesorería, si es que todavía existen, se destinen a lo que marca la Constitución, que es el pago de indemnizaciones.
Indicó que, aunado a la afectación económica, los juzgadores tendrá secuelas en el factor humano, ya que dedicaron toda su vida al Poder Judicial y considera que les será difícil insertarse al mercado laboral, pese a que algunos deberán hacerlo obligadamente, ya sea porque tienen créditos hipotecarios vigentes o porque tienen dependientes económicos.
Otro de sus señalamientos es que las críticas contra los juzgadores salientes no toman en cuenta que son ciudadanos que a partir del 1 de septiembre se quedarán sin seguridad social, aunque muchos o sus dependientes tienen enfermedades graves y crónicas.
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Otro de sus puntos son las restricciones, ya que por ley no pueden litigar en el Circuito del que resultaron cesados.
Ante las afectaciones, un grupo de juzgadores ya analiza la ruta legal para exigir lo que señala la Constitución, pero esperan que en los próximos días haya un pronunciamiento, ya sea del Gobierno federal o del nuevo Órgano de Administración Judicial.