La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la primera encomienda de Luisa Alcalde, quién asumirá la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, lo cual será el análisis y la viabilidad de aplazar la elección del Poder Judicial al 2028 tras la iniciativa que presentaron los legisladores de Morena.
En caso de mantener la elección del Poder Judicial en el 2027 se cruzaría con los comicios intermedios, donde se elegirán 17 gobernadores, la renovación de la Cámara de Diputados y también municipios, lo que ocasionaría a los votantes tener varias boletas o confusión.
Así como la disposición de mayores recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo ambos comicios.
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“Sí, llega a posponerse, se podría decir, tiene que haber un cambio constitucional. Esa es una de las tareas que le pedí a Luisa María, que puede evaluarlo. Ahora que se integre Luisa María a la consejería jurídica, pues, tiene esa tarea”, adelantó la mandataria federal.
La jefa del Ejecutivo Federal recordó que Luisa María Alcalde participó en la construcción y en el análisis previo a la aprobación de la reforma al Poder Judicial que se avaló en el Congreso de la Unión.
“Luisa María participó mucho en la reforma al poder judicial, entonces ella, pues, conoce los detalles. Incluso, estamos evaluando si se pasa al 2028, si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar. Siempre es mejorable cualquier reforma que se haga si es necesario”, externó.
Elección del Poder Judicial se aplazaría a 2028
De acuerdo con la iniciativa, propuesta por senadores y diputados, el objetivo es eliminar las referencias que vinculan la elección judicial con el calendario electoral federal ordinario, para evitar su concurrencia con las elecciones políticas y postergar el siguiente proceso hasta 2028.
Los promoventes argumentaron que empatar ambos comicios generaría riesgos institucionales, entre ellos, menor deliberación pública sobre perfiles técnicos, saturación
informativa para el electorado, incremento del voto desinformado, politización de
candidaturas judiciales y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral.