La Federación Latinoamericana de Magistrados, en representación de las asociaciones de magistrados de América Latina, expresó su profunda preocupación y rechazo ante la reforma constitucional en México que establece la elección judicial.
Como ya lo hizo en sus pronunciamientos del 30 de julio y del 23 de agosto de 2024, señalaron que la reforma, aprobada el 15 de septiembre de 2024, altera de manera fundamental la estructura del Poder Judicial mexicano, imponiendo elecciones populares para jueces de todos los niveles, desde la primera instancia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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“Esta medida representa una grave amenaza a la independencia judicial y a la separación de poderes, pilares esenciales de cualquier Estado democrático de derecho, la independencia judicial es un principio fundamental que garantiza que los jueces puedan tomar decisiones basadas en la ley y en su conciencia, sin influencias externas”.
"Elección judicial introduce riesgo significativo de politización del Poder Judicial"
La Federación manifestó que “la reforma mexicana, al someter la elección de jueces al voto popular, introduce un riesgo significativo de politización del Poder Judicial. Los jueces, en lugar de ser seleccionados por su mérito y competencia, podrían ser elegidos por su capacidad de atraer votos, lo que compromete su imparcialidad y autonomía”.
Recordó que “la reforma establece que todos los jueces actualmente en funciones deberán someterse a elecciones extraordinarias. Un primer grupo en 2025 y el siguiente grupo en 2027. Este sistema implica una destitución de los Jueces en actividad, sin respetarse la ley vigente al ser designados y las mayorías requeridas en esa legislación. Aquellos que no resulten elegidos perderán sus cargos, lo que implica una retroactividad injusta y una inestabilidad institucional que socava la confianza en el sistema judicial”.
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La Federación “es una entidad representativa de los jueces y juezas de 18 países de Latinoamérica, que tiene entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional.
