En seguimiento a las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el inicio de una estrategia jurídica y diplomática ante los fallecimientos de ciudadanos mexicanos ocurridos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), "estas acciones corresponden a la etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho".
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La Cancillería indicó que el plan del Gobierno de México se compone de cuatro ejes principales. En el ámbito penal, detalló que "en coordinación con la Fiscalía General de la República se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México en aquel país". A su vez, la institución notificó que "inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular".
En materia civil, las autoridades mexicanas recurrieron a figuras preventivas de cese y desistimiento (cease and desist) dirigidas a los espacios de reclusión estadounidenses:
"El Gobierno de México inició el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primero de ellos, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro personas mexicanas".
Respecto a la finalidad de dichos recursos, la Cancillería especificó que "el objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios", constituyendo esto "el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles".
El caso también se llevó al ámbito multilateral. Relaciones Exteriores reportó que su titular dirigió un documento a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "informando sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia de ICE y solicitando que su oficina recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos".
La SRE reafirmó la postura del Estado mexicano ante la situación jurídica de sus ciudadanos en el extranjero y ofreció "su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, a través de la red consular, y refrenda que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, por los cauces institucionales que ofrecen los ordenamientos de ambos países y el derecho internacional".