La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una solicitud de extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos, tras la difusión pública de una acusación formal en Nueva York que involucra a altos funcionarios mexicanos, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
El documento íntegro se hizo público tras una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum de transparentarlo. En este la Cancillería se quejó de que las autoridades estadounidenses violaran la confidencialidad al revelar datos sensibles que comprometen los canales diplomáticos y legales.
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Preocupación por publicación de cargos e identidades de políticos
A través del Oficio No. ASJ-22632, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, el Gobierno mexicano manifestó su preocupación por el comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el cual se publicaron los cargos penales y las identidades de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, encabezados por Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
El reclamo de la SRE fue porque la divulgación anticipada de estos datos entorpece los procesos de procuración de justicia y vulnera directamente los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición. Por lo que señaló que su envío a Estados Unidos, en caso de suceder, se podría complicar por no mantener como reservados los nombres.
En el documento, Relaciones Exteriores detalló que la información contenida en una solicitud de esta naturaleza solo debe ser hecha del conocimiento de los implicados una vez que hayan sido detenidos en territorio nacional. Por lo que calificó la acción como una contradicción diplomática, puesto que el propio gobierno estadounidense había solicitado previamente a México, mediante nota diplomática, que se tomaran las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de los expedientes.
La SRE apuntó que el actuar del fiscal de Nueva York impide garantizar la secrecía que ellos mismos demandaron. Por lo que exigió que en futuras ocasiones el Departamento de Justicia instruya a sus fiscales sobre mantener la confidencialidad de los datos de acusados.
Acusación federal contra Rubén Rocha Moya y colaboradores
A finales de abril, el Gobierno de Donald Trump hizo pública una acusación federal que imputa al gobernador Rubén Rocha Moya, y a un grupo de colaboradores, de presuntamente cooperar durante años con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Según las investigaciones, los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense a cambio de protección institucional, apoyo político y millonarios sobornos. Además de conspiración para importar narcóticos, la justicia norteamericana les imputa delitos relacionados con la posesión de armas de fuego pesadas y ametralladoras.
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Entre los nombres expuestos públicamente por la fiscalía neoyorquina se encuentran figuras de alto perfil en el estado, como Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad. La lista de señalados la completan los exjefes de la Policía Investigadora estatal, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”. Además de Juan Valenzuela, quien enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte. Pese a los señalamientos que desataron la protesta de la cancillería mexicana, las autoridades de Estados Unidos aclararon en su comunicado que todos los involucrados mantienen legalmente la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.