La mayoría de ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron en contra de la propuesta de Lenia Batres que pretendía limitar las facultades sancionatorias del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la sesión de este jueves, se discutió una contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La ministra Batres dijo que el Alto Tribunal debería regular la facultad sancionatoria de la autoridad electoral, lo que apoyó la ministra Estela Ríos, pero no los otros siete togados, quienes consideraron que la Sala Superior construyó jurisprudencia a lo largo de los años, como máxima autoridad en materia electoral.
“Estaríamos expulsando lineamientos, reglamentos o planteando la expulsión de esos, y creo que por eso no hay punto de toque porque, aunque aquí coincide la temática y la problemática que aborda la modulación del principio de taxatividad o tipicidad cada uno aborda distintas cuestiones fácticas y ¡vaya! de hecho, la Sala Superior resuelve con base a una sanción impuesta en un lineamiento, no en una ley”, indicó el presidente Hugo Aguilar.
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Audiencias y nuevos temas para la corte
En otro asunto, luego de que ministros recibieron en a audiencia trabajadores jubilados del IMSS, quienes reclaman la devolución de recursos acumulados en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, así como cuotas sociales. En sesión ordinaria, el Pleno decidió atraer el asunto para el estudio del reclamo social de quienes se encuentran en esta situación.
Otro caso de relevancia social es que la Nueva Corte también atrajo diversos asuntos que le permitirán examinar temas relacionados con derechos de las personas trans y derechos de las personas refugiadas en México.
La SCJN estudiará aspectos relativos con el pago de cuotas de recuperación como condicionante para acceder a tratamientos de reasignación de sexo en los servicios de salud en Jalisco. En otro caso, reasumió la competencia para evaluar si en Aguascalientes es válido exigir un juicio para que las personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad de género.
A su vez, el Pleno reasumió la competencia para conocer de un asunto que le permitirá analizar si las personas solicitantes de refugio deben mantener la obligación de asistir cada semana a las oficinas migratorias para no perder su solicitud y devolverlas a su país. Así, la Suprema Corte podrá definir si esto es congruente con la protección de derechos humanos de personas refugiadas en México.