Mery Estrella evita a toda costa asistir a sus clases de Maestría en Biología Integrativa y la Conservación en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ya busca otra escuela para continuar sus estudios de doctorado. Después de que cinco compañeras fueron asesinadas en 17 meses, sus ganas de acudir al campus simplemente se esfumaron.
No se siente segura en las instalaciones universitarias, a pesar de las medidas implementadas por las autoridades escolares. El temor no es infundado. Morelos tiene la segunda tasa de feminicidios más alta a nivel nacional, debajo de Sinaloa y por encima de Tamaulipas.
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En la entidad gobernada por Margarita González Sarabia Calderón, 2.15 mujeres de cada 100 mil son asesinadas por razón de género, de acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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En los primeros ocho meses de 2026, 115 mujeres morelenses fueron asesinadas. Sólo en 22 casos se clasificó el delito como feminicidio, el resto se reportaron como homicidio doloso (55) y homicidio culposo (38).
“Lo único que nos separa de ellas es la suerte”, comenta Mery de 28 años, integrante del colectivo estudiantil “La Resistencia”, en entrevista con 24 HORAS. Lo piensa: pudo ocupar el lugar de Aylin, Kimberly Joselin, Karol, Michelle Itzayana o Claudia, estudiantes de la UAEM asesinadas entre 2025 y lo que va de 2026.
Al respecto, Tania Hernández Gordillo, coordinadora del área de Prevención de Violencias y Discriminaciones de la organización Equis Justicia para las Mujeres, explica que los feminicidios en Morelos se tienen que dejar de ver como “eventos de generación espontánea”.
“Se le debe regresar explícitamente al estado la responsabilidad de hacer lo que se llama análisis de contexto, hacer una investigación con perspectiva de género para entender qué está ocurriendo en ese territorio”, indica la especialista.
Las autoridades deben revisar si hubo cambios en ese contexto específico o si ocurre una situación de violencia generalizada que no se está detectando y visibilizando, toda vez que las víctimas de la UAEM tenían características específicas: eran mujeres jóvenes, estudiantes universitarias y cuyos asesinatos ocurrieron “en un mismo entorno o espacio geográfico bastante acotado”, enfatiza Hernández Gordillo.
Sueños interrumpidos, vidas que importan
No se trata sólo de cifras que engrosan la estadística criminal, resalta la activista de derechos humanos. “Hablamos de mujeres súper jóvenes, llenas de sueños, de ganas de hacer algo, que estaban estudiando para contribuir a sus comunidades, a sus familias” y que ya no están aquí por una situación de violencia. Ahí radica la importancia de nombrarlas:
Aylin Rodríguez Fernández era estudiante de Psicología y amaba estudiar su carrera, según palabras de su madre, Karime Rodríguez Fernández, leídas durante un homenaje realizado a un año de su muerte. Su flor favorita era el girasol. Tenía 20 años cuando la reportaron como desaparecida el 3 de abril de 2025. Su cuerpo fue encontrado sin vida el 4 de abril del mismo año en una casa de la colonia Morelos, municipio de Jiutepec. Durante el acto organizado por sus compañeros, la recordaron con las flores amarillas que tanto le gustaban.
Kimberly Joselin Ramos Beltrán tenía apenas 18 años y era estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Cursaba el segundo semestre cuando la reportaron desaparecida el 20 de febrero de 2026. Su cuerpo fue localizado el 2 de marzo. En un video publicado en redes sociales, su hermano declaró que aunque lo que deseaban era localizarla viva, era importante haberla encontrado.
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Karol Toledo Gómez también tenía 18 años, se había tatuado un corazón en la mano izquierda y era alumna de Derecho en la Facultad de Estudios Superior de Mazatepec, sede regional de la UAEM. Fue reportada como desaparecida el 2 de marzo tras salir de la escuela. Tres días después su cuerpo fue localizado en el municipio de Coatetelco.
Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, era estudiante de bachillerato en el Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM) de la UAEM. De acuerdo con su madre, Jessica Yasmin Calderón Segura, docente de la UAEM, Michelle era muy feliz en la preparatoria donde estudiaba y que procuraba no volver tarde a su casa. Su hermana, Kimberly, la describe como una joven a quien no le gustaba salir y dice que no le conocía amistades “malas” que la incitaran a dejar su hogar. Fue reportada como desaparecida el 24 de mayo luego de que salió a comprar una cartulina para hacer su tarea, en el municipio de Yautepec. La localizaron en Tepoztlán después de 10 días de búsqueda.
Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y era originaria de las Islas Canarias, España. En su perfil en redes sociales se aprecia que era una joven que gustaba de la naturaleza, viajar con amigas y pasear por ríos y montañas. Llegó a México el 17 de agosto de 2026 procedente de la Universidad de Granada, donde estudiaba Educación Infantil, como parte de un intercambio escolar y para cursar unos meses en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM. Fue asesinada en medio de un asalto la noche del sábado 12 de septiembre luego de asistir a un evento de plantas medicinales en la Casa de Cultura de Cuautla. Su agresor, Francisco Javier “N” fue detenido cinco días después.
Las medidas “cosméticas” de la UAEM y las “amenazas”
Entre el caso de Aylin Rodríguez Fernández y el de Claudia Tacoronte Aguilera, pasaron más de 500 días en los que gran número de alumnos de esa comunidad universitaria formada por más de 40 mil estudiantes, de los que el 60% son mujeres, no han parado de protestar para exigir justicia y pedir que se detengan las agresiones por razón de género.
Sin embargo, según testimonios de estudiantes e integrantes de colectivas recogidos, las autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, han intentado deslindarse de los hechos de violencia contra alumnas y sólo implementado “medidas cosméticas” que no solucionan el problema de la violencia de fondo, como instalar cámaras a las que no tienen acceso, colocar lámparas en corredores y poner botones de pánico sin señalización que muchas estudiantes no saben utilizar.
24 HORAS solicitó a la rectoría de la UAEM su postura oficial ante los hechos y acciones o protocolos establecidos. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Las jóvenes consultadas señalan que el caso de Michelle Itzayana se intentó minimizar dado que era alumna de preparatoria, a pesar de que la escuela donde cursaba pertenece a la misma institución. Esta postura generó indignación entre la comunidad estudiantil que se asume como un solo grupo, desde bachillerato hasta posgrado.
En el caso de Claudia, el más reciente, también hubo polémica. Con la presión internacional encima por tratarse de una estudiante de intercambio, Alberto Gaytán Alegría, secretario de Extensión de la UAEM, declaró a medios locales que no sabían del viaje de la joven canaria a Cuautla, que no era una actividad programada por el ICE y que desconocían las razones de su traslado. Esta postura fue vista como un intento de desmarque por parte de la universidad.
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Cuando se difundió en medios el caso de Kimberly Joselin, las colectivas y colectivos estudiantiles exigieron la publicación de los videos grabados por las cámaras de seguridad en el campus Chamilpa, ya que ella misma había avisado a sus padres que había llegado ahí pero luego desapareció. Sin embargo, la universidad nunca los entregó.
Mery Estrella señala que algunas de sus compañeras, pertenecientes a colectivas, fueron amedrentadas por profesores que amenazaban con reprobarlas si participaban en las protestas, a pesar de asistir esbozadas. Sospechan que las ubicaron por medio de las cámaras. “Casualmente salían grabaciones de la universidad cuando nosotras estábamos ahí dentro mientras se hacían los murales […] esas grabaciones sí las tenían, pero las de Kimberly no”.
Al respecto, Adriana Gómez de 27 años, egresada de Ciencias Políticas de la UAEM e integrante de la colectiva “Morras Contra la Violencia Institucional”, señala: “Con tantas cámaras no sé la seguridad de quién procuran, sólo me siento vigilada”.
Gómez también cuestiona que los filtros de seguridad no se utilicen para evitar el ingreso al campus de compañeros que, asegura, son agresores sexuales. “(Las cámaras) se ocupan en gran medida para tener a las colectivas en ‘listas negras’, perfectamente bien ubicadas y para hostigarnos a la hora de entrar. ¿Quién va a asegurar que esos circuitos de cámara no se borren el día que otra compañera desaparezca al interior de la universidad, como Kimberly?”, cuestiona Adriana.
Actualmente la UAEM cuenta con la Unidad de Género, Igualdad y No Discriminación para atender estas acusaciones, pero las alumnas consideran que no posee autonomía real y acusan que uno de sus protocolos consiste en sentar a las denunciantes frente a su agresores para hacer las paces.
¿Las autoridades? La justicia no llega
Ante los casos de feminicidios, no sólo en la UAEM sino en todo Morelos, el gobierno estatal ha tenido “una respuesta fragmentada” que “afecta directamente la posibilidad de esclarecer los hechos”, así lo considera Tania Hernández, de la organización Equis Justicia para la Mujeres, quien recuerda que desde hace años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como un feminicidio y con perspectiva de género.
Por su parte, el Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkar Escobar, se ha referido públicamente a los casos de Aylin, Kimberly, Karol y Michelle como feminicidios. En la agresión contra Claudia, afirmó que la Fiscalía intervino con el protocolo de feminicidio en cuanto tuvo conocimiento. Sin embargo, en el último informe sobre el avance de las investigaciones no precisó si la muerte de Michelle fue clasificada como feminicidio y evitó dar detalles a petición de su familia.
“La justicia no llega por nuestras autoridades, sino porque las familias son incansables… o están ahí buscando acompañamiento de quien pueda estar manifestándose para que no se olvide en una carpeta”, asevera Adriana Gómez.
Con el objetivo de evitar este tipo de omisiones al momento de las pesquisas, actualmente en el Congreso de la Unión se está revisando una iniciativa de ley para homologar el tipo penal de feminicidio a nivel federal. Con esta medida se busca que el análisis del contexto cuando ocurre una muerte violenta no quede a discreción del Ministerio Público.
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“Es algo que se tiene que hacer de oficio y también poner mucho más énfasis y recursos en la prevención y eso hasta este momento en la iniciativa de ley sigue siendo una patita floja que no termina todavía de amarrar”, sentenció Hernández Gordillo.
Para Adriana Gómez, la UAEM funciona en muchos sentidos como un microcosmos del estado de Morelos, donde la justicia “se vive como una concesión” y reflexiona sobre el activismo que jóvenes como ella y Mery realizan, el cual les ha valido críticas, pero aclara que su objetivo no es increpar a las autoridades, como la gobernadora González Sarabia o la rectora León Hernández: “Estoy aquí porque quiero que dejen de matar mujeres, me vas a cumplir el día que dejen de asesinar a compañeras universitarias”.
A los asesinatos de estas jóvenes estudiantes, la comunidad de la UAEM sumó otra tragedia. La noche del sábado 26 de septiembre, Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años y alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron asesinados a balazos en la colonia Chulavista, en Cuernavaca.
A través de un comunicado, la UAEM condenó los hechos y demandó a la Fiscalía General del Estado “una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer los homicidios y sancionar a los responsables” e informó esta vez que brindaría acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.