El Comité de Naciones Unidas (ONU) sobre Trabajadores Migratorios señaló que existen escasos avances para llevar la justicia y reparación del daño a familiares de las migrantes, víctimas de desaparición y masacres.
El próximo martes 15 de abril, el Comité publicará su informe y recomendaciones para México y esperamos que el país ponga especial énfasis en el cumplimiento y adopción de medidas para atender las problemáticas señaladas.
En Ginebra, Suiza, durante unas sesiones del Comité, el 7 y 8 de abril pasado, se destacó la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), que podrían atender esas demandas.
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Ante ese órgano de Naciones Unidas, estuvieron presentes organizaciones y redes de derechos humanos de México, como la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
Los organismos destacaron los principales pendientes del Estado mexicano en materia de desaparición, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de niñez migrante, falta de acceso a derechos, otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, entre otros.
El Comité pidió a México información sobre las acciones realizadas para investigar los delitos y las violaciones a derechos humanos contra migrantes, fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos e instalar la Mesa de búsqueda de migrantes pendiente desde hace tres años, pero, según Fundación para la Justicia, no ha tenido respuesta del Estado.
Falta de verdad y justicia
Sobre la falta de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de las masacres de 72 migrantes (2010), Fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), la delegación del Estado Mexicano mencionó los juicios iniciados por las víctimas, por lo que la Fundación para la Justicia resaltó que no hubo datos de los resultados de las investigaciones de la FGR ni avances en la identificación y sanción de responsables.
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“Tampoco mencionaron que en relación a la masacre de 72 migrantes y el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, se han dictado dos sentencias contra 38 presuntos integrantes de los Zetas, por delitos de delincuencia organizada o portación de arma de fuego, más no por los secuestros, tortura y homicidios de los migrantes”, indicó la Fundación en un comunicado.
El Estado mexicano señaló que durante el período de 2019 a 2025 se emitieron 53 sentencias, 10 absolutorias y 43 condenatorias. Abundó que del 2018 al 2023, se han obtenido 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin especificar que las víctimas fueran migrantes.
“Es enorme la deuda en la atención básica a las familias de víctimas migrantes, con ausencia de políticas de atención diferenciada, con enfoques de género, niñez, interseccionalidad y transnacionalidad”, indica la Fundación.
“La discriminación institucional sigue imperando cargando a las víctimas con responsabilidades que no les corresponden, y sin desarrollar coordinaciones bilaterales o regionales con los gobiernos de los países de origen”, aseveró.
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El Comité de Naciones Unidas destacó su preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio y los casos donde asesinaron a personas migrantes a manos de fuerzas militares como la Guardia Nacional.
Otros casos sobre los que es cuestionado el Estado mexicano es la masacre de 17 migrantes en Camargo, Tamaulipas (2021), el caso del cubano Cristobal Cobreiro, asesinado por la Guardia Nacional en Chiapas (2021), el caso de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, asesinada por policías municipales en Quintana Roo (2021), y el caso del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes (2023).
Casos que permanecen en la impunidad, salvo el de la masacre de Camargo, en el cual se dictó sentencia condenatoria en contra de 12 policías estatales de Tamaulipas.
Reportero de la sección México en el diario 24 HORAS. Con 19 años de experiencia en medios de comunicación, con énfasis en periodismo de investigación, transparencia, cobertura de temas electorales y judiciales.