Ante la presunta orden de aprehensión que existe en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y la detención de cuatro de sus excolaboradores, el
exintegrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, acusó que se trata de una obra de distracción por parte del Gobierno.
“En lugar de atender los reclamos ciudadanos, se inventan un caso que va a ser mediático, no van a tener manera de demostrarlo, les va a ayudar a distraer la atención pública del tema central, que es la incapacidad del Gobierno federal y de los gobiernos de Morena para resolver el problema de la inseguridad y de la violencia tan terrible que existe en el país”, afirmó Ortega.
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Ante la acusación hacia Silvano Aureoles, pidió que presenten las pruebas en apego a la ley e inicien un procedimiento legal.
Por su parte, Fernando Belauzarán, quien fue diputado por el PRD, aseguró que el Gobierno utiliza la justicia para realizar una persecución política, donde utilizan el aparato de Estado, y resaltó que el equipo de Aureoles trabaja con el actual gobernador de Michoacán.
Injusticia
El diputado del PAN, Daniel Chimal, refirió que existe una justicia selectiva ante una notable persecución política, pues hay otros gobernadores que deben rendir cuentas, pero aseguró que Morena los protege.
Por su parte, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, consideró que cualquier proceso judicial debe hacerse dentro de un marco de legalidad y de transparencia.
“Al tratarse de un exgobernador el asunto merece, dentro del margen de la legalidad, claridad en la difusión de lo que pueda hacerse público… Si hay elementos contra el exgobernador se debe proceder”, declaró a 24 HORAS.
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Respecto a los exfuncionarios detenidos, una juez federal dictó prisión preventiva, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Sin embargo, hasta el próximo jueves se les determinará la vinculación a proceso, ya que, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica, la cual se les concedió a Carlos Maldonado Mendoza, J. Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, acusados de causar un daño patrimonial de 3 mil 400 millones de pesos.
