La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. Los resultados no son alentadores, en especial para los centros estatales. En 129 instalaciones supervisadas, que corresponden al 49.4%, detectaron sobrepoblación, mientras que en 124 (47.5%) encontraron hacinamiento.
Por si fuera poco, el 77% de los centros ubicados en estados cuenta con deficiencias en servicios de salud.
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La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, indicó que esta combinación resulta una “fórmula peligrosa”, que vulnera el derecho a una estancia digna y pone en riesgo la integridad de las personas privadas de la libertad, así como su salud mental.
Para el presente informe fueron supervisados 278 centros penitenciarios y de reinserción social en los 32 estados del país, incluidos estatales, federales y prisiones militares.
Las calificaciones no aprobatorias fueron de entre 4.37 y 5.94, mientras que la mejor calificación alcanzó 8.26 puntos. En promedio, los sistemas estatales, federal y militar obtuvieron notas de entre 6 y 7.71.
Además, en 93.1% destaca la ausencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos. En cuanto al personal de seguridad y custodia, en 92.3% de los casos no es suficiente para operar de manera adecuada.
Aunque Piedra Ibarra reconoció que hay avances en infraestructura y tecnología para procesos, también advirtió que persisten las deficiencias en la calidad de los servicios y la atención integral, problemas que se mantienen a lo largo de los años. Por ello solicitó a las autoridades federales atender la alimentación, el hacinamiento, la corrupción, la extorsión, el autogobierno, los mecanismos de queja, así como la profesionalización del personal.
Y es que de acuerdo con el diagnóstico presentado en el auditorio Fernando de Alva Ixtlilxóchitl del Archivo General de la Nación, en 98.9% de los centros visitados se clasifica de forma incorrecta a las personas privadas de la libertad.
A partir de esta edición el diagnóstico analiza con más detalle las condiciones de los grupos vulnerables, como los adultos mayores, las mujeres, madres que viven con sus hijas e hijos en prisión, las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, indígenas y afrodescendientes.
La titular de la CNDH remarcó que es obligación del Estado mexicano evitar que la privación de la libertad se convierta en un “doble castigo”, con violaciones a los derechos humanos por acción y omisión, ya que el objetivo es avanzar hacia un sistema penitenciario humanista y menos punitivista, orientado a una reinserción social efectiva.