La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes del Comité de Gobierno y Administración de este máximo Tribunal, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
De acuerdo con una tarjeta informativa de la Corte, se abordó el tema de la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 del Poder Judicial Federal, "en términos de lo acordado en diciembre y a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores conforme al artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia judicial".
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A su vez, en el encuentro se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin).
Adicionalmente, se puso sobre la mesa la problemática en torno a la suspensión del proceso de elección del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró su disposición al diálogo.
Presupuestos aprobados
La semana pasada, la SCJN, aprobó por unanimidad los ajustes al presupuesto a ejercer este año. Esto derivados del recorte de 714.4 millones de pesos que la Cámara de Diputados realizó a los recursos solicitados por este Alto Tribunal.
La Suprema Corte advirtió que el recorte pone en riesgo el cumplimiento del transitorio de la reforma judicial sobre respetar todas las prestaciones y salarios de trabajadores del Poder Judicial.
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El presupuesto autorizado a la Suprema Corte fue de 5 mil 208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024.
SCJN hará ajustes pertinentes
Además, frente al recorte más significativo de los últimos 15 años, la Suprema Corte se ha visto en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales. Y que tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Al respecto, por conducto de la Secretaria de Gobernación, la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias.
La Suprema Corte destacó que ha hecho las previsiones necesarias "para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad".
