Activistas, especialistas y más, propusieron la modificación de las disposiciones del capítulo de comercio digital del T-MEC para combatir la violencia digital en México.
La Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados presentaron este miércoles 3 de junio la investigación, posicionamiento y movilización "Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales", en el Piso 20 de la Torre Tlatelolco de la máxima casa de estudios.
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La propuesta surge de cara a la revisión del T-MEC en este 2026 y plantea modificar los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del Capítulo 19 de comercio digital del acuerdo, ya que consideran bloquean las 3 condiciones que debe tener una víctima de violencia digital para tener justicia.
“Las actuales disposiciones de la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no tienen una disposición expresa que obligue a las empresas tecnológicas a someterse a la jurisdicción de los países donde operan y donde residen sus consumidoras”, señalan.
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Lo anterior resulta preocupante para los presentadores, ya que consideran que toda la atención de la renegociación del T-MEC está recayendo en el sector agrícola, la industria automotriz o la manufactura, y al comercio digital no se le está la misma importancia.
México, pionero en legislar para sancionar la violencia digital
Recordaron que México se convirtió en pionero en América Latina al legislar para sancionar la violencia digital y mencionaron la Ley Olimpia por lo que ahora hicieron un llamado a transformar “esta vez la ley internacional”
La activista Olimpia Coral Melo alertó que hasta el 73% de los casos de violencia digital documentados en México no han derivado en una vinculación a proceso debido a la falta de pruebas y a las dificultades para obtener información de plataformas digitales.
“Queremos dar la lucha porque sí soñamos con un tratado internacional específico y claro para darnos soluciones claras a quienes hemos sobrevivido violencia digital”, afirmó.
En ese sentido, Carmen Quijano, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, advirtió que muchas víctimas enfrentan obstáculos para identificar a los responsables o avanzar en sus denuncias cuando la información necesaria para las investigaciones se encuentra en manos de las grandes tecnológicas.
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“Qué impotencia ver a una joven sufrir por no poder acudir a la escuela sabiendo que muchas personas tienen en su teléfono imágenes íntimas de su cuerpo, y explicarle que no es posible identificar a los responsables porque la empresa que posee la información se encuentra en Estados Unidos y no puede colaborar con las autoridades mexicanas de forma expedita”, expuso.