Un presunto boquete financiero e institucionales mantiene en alerta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), debido a que Protección Patrimonial Unión de Crédito S.A. de C.V. enfrenta un colapso operativo que ya escaló a los tribunales mediante demandas de concurso mercantil y el reclamo directo de unos 250 acreedores.
El deterioro de sus cifras clave revela la gravedad de la crisis. Entre marzo y junio, la morosidad de la unión de crédito dio un salto drástico de 6.7% a 25.6%, mientras que el Índice de Capitalización (ICAP) se desmoronó de 10.52% a 1.45%, muy distante del piso regulatorio de 8% estipulado por las autoridades financieras.
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La debacle patrimonial apunta a la administración de su exdirector general y consejero, Carlos José Vélez Palomar, señalado por el presunto otorgamiento de préstamos fraudulentos en su propio beneficio. La maniobra hundió las finanzas de la sociedad y atrapó los recursos de decenas de clientes.
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Tras destaparse la red de irregularidades, Vélez Palomar falleció en circunstancias aún no esclarecidas.
El cerco legal amenaza con extenderse en la vertiente penal a la cúpula directiva y al entorno familiar. Carlos Vélez Suberbie, consejero e hijo del exdirector, permanece bajo escrutinio judicial dado su rol en la toma de decisiones, en tanto que la viuda, Lourdes Suberbie, podría ser citada por las autoridades. Las víctimas ya promovieron recursos formales ante la Fiscalía y la Condusef, que preside Óscar Rosado Jiménez.
CNBV aplicó medidas correctivas obligatorias
Acreedores e inversionistas exigen además la destitución inmediata del Consejo de Administración encabezado por Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos y del comisario Manuel Constantino Gutiérrez García. Actas del Registro Público de Comercio muestran que ambos eran socios de Vélez Palomar en Propatuc, una SOFOM constituida en 2009.
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Tras realizar auditorías e inspecciones, la CNBV aplicó medidas correctivas obligatorias. Representantes del órgano regulador prevén vigilar las próximas asambleas de accionistas para encauzar la destitución de la mesa directiva, en tanto que tribunales y fiscalías avanzan para deslindar responsabilidades sobre los responsables de las pérdidas masivas