La diputada del PAN, Arlette Muñoz Cervantes, pugnó porque el combate a la corrupción vaya más allá de la “simulación” y se actué en contra de aquellos funcionarios públicos que incurran en este tipo de ilícitos.

 

Tras manifestar su preocupación ante el hecho de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) promoviera en 2015 investigaciones contra mil 200 funcionarios federales por presuntos actos de corrupción, la legisladora sostuvo que todo aquel que incurra en estas irregularidades debe pagarlo con cárcel, o de lo contrario no se combatirá realmente este flagelo que tanto le cuesta al país.

 

En entrevista con 24HORAS, la legisladora que en días recientes ha pugnado por la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, enfatizó que de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la corrupción le cuesta al país 342 mil millones, lo que equivale a entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

"El combate a la corrupción no puede solamente convertirse en una simulación, debemos actuar y hacer un esfuerzo real para erradicar este cáncer que implica costos muy altos para el país (…) El que comete un delito debe pagarlo e ir a la cárcel, lo más importante es ser congruentes. Necesitamos recuperar la confianza", declaró.

 

En este contexto, la legisladora de Acción Nacional pugnó porque el dictamen que se estará enviando desde el Senado a la Cámara de Diputados no llegue “descafeinada” e incluya por el contrario las mejores propuestas que se han hecho sobre la materia desde diferentes sectores.

 

Necesaria la voluntad política para combatir la corrupción

 

Por su parte, Manuel Guerrero Martínez, director del departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y experto en temas de corrupción lamentó que poco o nada se actué en contra de funcionarios de primer nivel dentro de la administración pública, que por su cargo deben estar coludidos o al menos enterados de los actos de corrupción cometidos por funcionarios a su cargo.

 

“En ningún caso vemos a cabezas de área, a titulares de unidades importantes de la administración pública y en todos los casos lo que vemos son funcionarios de segundo y tercer nivel. Esto lo que refleja es que no se quiere ir más arriba. Son 1,200 funcionarios investigados lo que me parece escandaloso, pero más me sorprende que no se hable de mandos superiores involucrados o con conocimiento de estos hechos", señaló.

 

En ese sentido el Guerrero Martínez, quien es además doctor en Ciencia Política, señaló que en el marco de la complementación del Sistema Nacional Anticorrupción es preciso que se manifiesta una verdadera voluntad política, pues solo ello logrará revertir los altos índices de corrupción.

 

“No tenemos el andamiaje jurídico necesario y suficiente para castigar y procesar adecuadamente las desviaciones administrativas (…) Sin embargo, el tema tiene que ver con voluntad política. No vemos voluntad política en casos importantes en donde hay señalamientos contra gobernadores y ex gobernadores o algunos altos funcionaros. La voluntad política es clave para que estas leyes funcionen y para echar a andar el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, podemos tener las leyes pero si no hay voluntad para aplicarlas no vamos a llegar muy lejos”.