El presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró que en la investigación realizada para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se ha volcado todo el aparato de seguridad e inteligencia del Estado para esclarecer los hechos del 26 de septiembre en Iguala.
En las respuestas parlamentarias remitidas por la Presidencia al Senado, el Mandatario señaló que aunque las diligencias del ataque y desaparición forzada de los normalistas «correspondían a las autoridades» de Guerrero, ante la gravedad del crimen y presencia del crimen organizado, el Gobierno Federal atrajo la investigación, ha asumido el control de la seguridad pública en Iguala y otros municipios del Estado de Guerrero, y coordina la búsqueda de los normalistas mediante un amplio despliegue de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de inteligencia».
Ante la pregunta expresa del Partido Acción Nacional sobre la colaboración de instancias internacionales en los hechos de Iguala, «el Gobierno Federal colabora de cerca con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que solicitó la aplicación de medidas cautelares, incluyendo aquellas en favor de los familiares de los desaparecidos, así́ como informes frecuentes sobre los avances».
Además se ha «solicitado a dicha Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañar las investigaciones que se realizan en nuestro país, como medida complementaria, no sustituta, de las acciones que el propio gobierno de México lleva a cabo para esclarecer los hechos y aplicar la ley».
La Presidencia considera que se han otorgado «elementos de juicio a los diversos actores en el exterior y fomentar un mejor entendimiento de la situación de seguridad en el país y los esfuerzos para mejorarla van de la mano con una tarea permanente y global de suma importancia para la política exterior» con el objetivo del fortalecimiento de la imagen del país».
De acuerdo con el documento enviado al Senado, la «reputación y el prestigio de México son activos esenciales en la tarea de contribuir a ampliar las oportunidades de comercio, turismo e inversión, que repercutan en una mejor calidad de vida».
El gobierno de la República resalta la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, identificados como autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, así como la detención, al 30 de octubre, de otras 56 personas y la desarticulación del cártel de los Guerreros Unidos. Asimismo del operativo que todavía continúa para su búsqueda con miles de efectivos federales.
Caso Tlatlaya
Sobre el caso Tlatlaya, donde 22 personas fueron víctimas presuntas de una ejecución extrajudicial tras un enfrentamiento con el Ejército, la Presidencia manifiesta que siete elementos de tropa y un oficial recibieron formal prisión por diversos delitos entre ellos homicidio calificado y la investigación sigue abierta en el fuero militar y ministerial.
