Con el objetivo de instaurar un nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en la buena fe, esta semana el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará una iniciativa de decreto para expedir la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
La iniciativa, que busca cumplir una de las promesas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propone establecer las bases y los instrumentos legales para renovar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y que, a su vez, quienes cumplan con la ley podrán recibir beneficios, facilidades administrativas y menos trámites ante las autoridades para ejercer sus actividades económicas.
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De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, este esquema, busca que los dueños de establecimientos tengan la obligación de inscribirse en un padrón, y luego de manifestar bajo protesta de decir verdad que conocen las leyes y los reglamentos,además de contar con los permisos y requisitos necesarios, se comprometan a actuar de manera responsable.
De acuerdo a un comunicado, en la nueva ley se establecerá un artículo que prevé la suspensión de la vigilancia y la fiscalización a establecimientos mercantiles y de servicios.
"Con la iniciativa se generan incentivos por estar dentro de la ley y se reconoce a quienes invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México, al no tener motivos para continuar con esquemas de corrupción", señaló Morena a través de un comunicado.En las consideraciones de la iniciativa, se destaca que de acuerdo al último Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial, la corrupción es el principal inhibidor de la inversión en México, ubicando al país en el lugar 127 de 137 naciones.
Respecto al desvío de fondos públicos, en pagos irregulares México ocupa el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.
Por su parte, el Foro Económico de Competitividad estima que el costo económico de la corrupción en México, es de 2 % del Producto Interno Bruto (PIB); el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, lo ubican en 9 %.
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